Jorge Bonilla Dumit.

-PREAMBULO-

calculo-arte-arquitectonico-rafael-araujo-11La auspiciante moral, que para la reflexión de la mente trascendente, se presenta urgente a la coloraría de nuestro presente. Resulta ser en la teodicea de la historia, un sistema de valores espirituales cuya significativa naturaleza simboliza los códigos de conducta positivos, cuyo pacto es norma que busca realizarse en la jurisdicción de la solemne autonomía de los individuos.

Será el indomable intelecto como poder cultural del espíritu colectivo la fuerza moral que brindará facultad al civitas dentro de su comunidad en la manifestación más apremiante para alcanzar aquel sentido de equidad y con razón de ‘iustitia’ el fundamento de legítima felicidad. Y ante la costumbre de la violencia y el dominio por la fuerza, no hallada por sí mismas en el fundamento de los actos legales, jamás se encontrará su presencia ante el imperio de las acciones justas guiadas por la constitución de la razón universal en una moral hecha por la suprema voluntad de la igualdad.

Bajo la dirección de aquellas mentes iluminadas por la geometría universal del orden, se fundarán en el congreso solemne de las reglamentaciones, la justa medida que hace positiva a la resuelta conducta ante el poder de sus prometeicas instituciones realizadas a semejanza de una escultórica arquitectura. Portadores de las fasces resultarán batuta de una ley suprema en sus determinaciones espaciales que serán la legítima jurisdicción de la “República” en el supremo tribunal.

No existirá obra más heroica que el legado constituido por los tribunos del pueblo en su lucha contra las potestades divinas de una costumbre antes coronadas por las cadenas de la fuerza y la violencia. El preámbulo de los héroes será el ocaso de los ídolos. Y sus nuevas costumbres se realizarán en la ciencia jurídica para dotar de imparcial justeza los corazones prestos a la veneración de la insigne equidad.

El acta que así constituya su legítimo derecho será obra que por excelencia intente arrancar del -orbe supremo- los primeros principios del más universal orden moral. Otorgando libertad a la personificación terrenal en su manifestación de la potestativa jurisdicción a los tribunos de su legislación, para que como norma suprema del individuo, por su valeroso estatus, resulte victorioso ante la potestad suprema del poder absoluto que inviste a los tiranos como ídolos del iure divino, y para que sin más preámbulos resulte ser la soberana moral de las insignes mentes libres, la que funde los principios jurídicos más universales entre hombres y mujeres en su legítimo derecho a gobernarse como siervos de una única voluntad, la de su amor por la libertad y la solidaridad. 

 Gift from Norway to the United Nations

-REFLEXIÓN PRIMERA-

De la moral y su jurisdicción como elemento que constituyen la soberanía moderna en la hermenéutica jurídica de la historia.

Consideremos sin mayor pretensión, que el acto reflejo o la reflexión del pensamiento textual, puede suceder materialmente en el presente a consideración de sucesos del pasado en un análisis estructural de los elementos que lo definen; o  de manera formal, en el presente a consideración de una metatextualidad del discurso en su síntesis conceptual de los elementos que le dan sentido. Para el caso de ésta obra en particular será una ecléctica reflexión entre lo material y formal del pensamiento presentado en aquellos ‘elementos morales del constituyente de 1814’ y que dotando de sentido el precedente constitucional otorgue independencia para un pueblo, pues estos resultarán como preceptos jurídicos vigentes para la reflexión de una hermenéutica digna en nuestros tiempos por su carácter soberanista, pues otorga legitimidad a un sistema jurídico que se intenta independizar de los vicios y corruptelas estancados en la costumbre de una mentalidad imperialista, mercantilista e hispánica occidentalizada, y que nos permitirán entender la razón de legitimarse ante la globalización normativa internacional, desde una visión que fundamenta la justicia popular como poder de aquellos que suman la moral de sus causas en razones universales de libertad.

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La mente, el lugar donde la memoria desarrolla nuestras más intrínsecas interacciones entre las personas y las cosas del mundo para orientar las decisiones del individuo, la que nos conduce a someter nuestras acciones a las apriorísticas determinaciones del deber ser, será en consecuencia, el monumento para el jurista[1] que indaga más allá de los hechos, la razón de los actos y la correspondencia de su justeza. La mente resulta el fundamento de las ficciones y será ahí donde el acto reflejo de su identidad otorgue sentido, dirección y motivo a las funciones que dan forman a nuestra conducta; ahí, donde el fin de la consciencia es la memoria de los hechos.[2] Y ésta, la memoria consciente de sí, la mente refleja, resultará en el principio de su historia por sus propios actos.[3] La historia, como elemento y estructura, que no dé marcha atrás a los inalienables actos del sacrificio humano preservando su sentido más íntimo, la integridad de sus elementos hacedora de personajes[4] y su legado como pensamiento colectivo, fundado en una Ley que somete la conducta humana al establecimiento del mutuo consentimiento para preservar su individualidad. El principio de conformación para una mentalidad somete a la existencia, identidad y autodeterminación las facultades inalienables de toda memoria portadora de ideas, voluntades, pasiones y deseos; representada por la magnitud que se alcanza al conectar aquel sentido legado por las mentes de aquellos que no titubearon en sacrificar el valor más importante que reza la existencia, -su vida-, para otorgarnos la posibilidad a ser sujetos de un derecho inmutable.

Digno es reconocer la mente de aquellos hombre y mujeres que estando presentes en el congreso de Apatzingán el 22 de octubre de 1822 para conformar “El decreto constitucional para la libertad de la América mexicana”, prestos para la guerra de sus vidas, libraron de igual forma una batalla titánica en contra de los pensamientos más conservadores y reaccionarios que suponían la injusticia de aquellas motivaciones infundadas durante siglos de insanas costumbres, de explotación y vasallaje.

Sin intentar errar el acto reflejo de la mente en tan aventurada reflexión con pensamientos de involuntaria crítica que resulte jurídica, donde la metatextualidad ya la hace de forma implícita, serán las síntesis de las valoraciones, del sentido histórico, donde se dará la trascendencia del interés por la referencia de aquellos pensamientos positivos que a la letra fueron insignes como fenómeno conceptual de un orden normativo que genera una significación de lo -moral- en la actualidad para el carácter y la conducta de un contexto patrio, antes que su legalidad o legitimidad debido a relativismos positivistas superados por la moda de su validez, en los tiempos presentes. Y donde la insigne importancia de tales elementos está en encontrarse legítimamente como una moral de sistema universal, que se puede constituir como derecho para todos y no por hechos de la historia que se hacen costumbre.[5]

Resta aclarar que para la reflexión en el contexto de ciertos procesos históricos, donde el concepto de “hombre” sirve como objeto que define a la especie y la supremacía del pensamiento representado por los valores y objetivos filosóficos de toda la humanidad, resultara para éste momento de la historia, ya no ser lo más.[6] Haciendo de este término, un elemento conceptual importante en las consideraciones mentales de cómo representará nuestras reflexiones futuras.[7] Y con ello empezar abstraerlo por un sentido más lógico, en una categoría más coherente para definir a la humanidad, a contrario sensu, de cuando se plasmaba en aquellos tiempos de la Edad Moderna por los pensadores liberales. Ya que la carga moral de su ilustración consistía en una visión obtusa, donde únicamente los “hombres”; “blancos” y “occidentales” eran los representantes de los valores objetivos y filosóficos de toda la especie. Y éstos tenían que servir de fundamento para justificar las determinaciones religiosas, políticas, económicas y jurídicas del género humano, sin considerar las implicaciones racionalistas, de no razonar, tales visiones occidentales.[8]

Lo cual resulta chocante con las significaciones que se hacen del pasado y en especial de hechos históricos en contextos presentes. Pues el ‘precepto’ de “humano(s)” (del hombre; humanista; humanidad) no existía como ahora se comprende y resultaba ser fundamentado por las filosofías utilitaristas con pensamientos empiristas, pragmáticos y racionalistas donde cada individuo se ve sometido a una jerarquía, incluso hasta biológicamente determinada, justificando así las castas, los estamentos, las clases, las razas, los sexismos, etc. y por tanto fundamentando la esclavitud, la explotación y la dominación por medios jurídico-políticos. Por lo cual no sería correcto usar el precepto de “garantías jurídicas para los seres humanos” tan a la ligera, en la idea de los Derechos de los Hombres, fundamentados en los constituyentes de finales de siglo XVIII y principios del XIX como para usarse en un contexto donde se reflexiona el pasado bajo referentes de un presente dinámico. Y que puede cambiar incluso por las nuevas representaciones que se manifiesten por pensamientos vislumbrados en la Constitución de Apatzingan donde la garantía jurídica[9] que otorgó su normativa fue por mucho una ruptura a los preceptos filosóficos utilitaristas y occidentales, mostrando una nueva representación filosófica; de un mestizaje latinizado con el sincretismo del misticismo indigenista y la racionalidad humanista de la religión hispánica que fundamento un sistema jurídico digno de reconocerse diferente por sus contemporáneos liberales .[10]

100_27364Bastante complejo resulta entender la relación de orden entre el tan desprovisto término de “soberanía” y su necesaria existencia en la jurisdicción de la “moral” de hombres y mujeres que los agrupe bajo una mentalidad solidaria de potencias productivas; como un contrato que los constituya libremente y no como un acto contractual que los obligue a reformar las viejas tradiciones jurídicas con peticiones a algún consejo o parlamento para ser libres en su legislación potestativa y su suprema posesión jurisdiccional, sentenciando todo absolutismo tiránico en sus pretensiones de poder, a consecuencia de la desposesión que la naturaleza genera por el fruto de la desigualdad intelectual y material de las pasiones entre individuos.

Sera ahí donde el congreso soberano de Apatzingán fundado por una moral distinta a las viejas tradiciones, e incluso a las jóvenes tradiciones del pensamiento liberal, con el fin de proveer de justicia a sus necesarias inclinaciones dotada por una cultura mestizada, hará germinar en el fruto de sus valoraciones principios y costumbres americanas desde una justicia popular y que en mucho puede aportar a las consideraciones intelectuales necesarias para nuestros tiempos. Ya sean materiales o ideales. Por el derecho al imperio de las leyes, la facultad que ya no siendo divinizada logrará juzgar sin pecar de insana complicidad en su potestad de conceder pena con la justa medida de las cosas juzgadas para que lo haga bajo una moral más humanizada, mientras exista una voluntad de su propia legislación, que sea independiente de la tiránica moralidad de una costumbre de corruptelas y sátrapas impuesta por el partido de los realistas, monárquicos y aristócratas.

Es aquella Constitución de 1814 donde se hallan las razones más gloriosas de la moral libertaria. La moral de hombres y mujeres libres, la asamblea congregada, el estado sin Estados, el sentido de justicia, la cultura mestiza, la raza americana; los sentimientos de una patria hermanada por un derecho más universal y  que por mucho revolucionó culturalmente las mentes políticas de su tiempo.[11]

1_REPB~1Entorno al positivismo y las actuales ciencias empiristas de nuestros tiempos el entendimiento de una constitución como fenómeno de un constituyente[12] exige una necesaria comprensión de los contextos que la representan y el sentido tautológico que la posibilita a constituirse por encima de las representaciones metafísicas como una entidad con potestad para dotar de facultades a aquellos que son significados en esta misma, sin la razón divina de alguna autoridad que se halle fuera de su sentido positivo.[13] El sentido y su representación, principios o elementos y su forma orgánica de gobierno para una constitución, suelen ser en muchas ocasiones cualidades distintas en cuestión de Derecho, aunque no de hecho para la reflexión del pensamiento social.[14]

Dentro de estos ‘elementos’ se considera la posibilidad a legislar con los vicios que la misma Acta Constitutiva permite desde su intrínseca naturaleza demócrata. Resultando ser el crimen organizado o los partidos políticos los que pudieran terminar legislando; y que fuera o dentro de lo considerado por la legislación suprema para generar algún derecho positivo, con toda intención o motivación a reformar con políticas particulares, no al poder soberano que democráticamente se lo permite, sino a lo que dota de soberanía a ese poder, el espíritu del pueblo; su moral patriótica.  Esto con el objetivo de justificar la injusticia hacia toda una población para su explotación por un grupo de actores políticos. Siendo de primordial importancia reconocer las intenciones, de aquel grupo de poder, cuya finalidad es la de someter al poder potestativo de la soberanía popular a su necesidad particular de una explotación legalizada para toda la nación.

Es importante saber que no se habla del derecho a reformar la constitución como ésta lo estatuye en su facultad potestativa, pero si de reconocer en principio, el carácter moral que le da potestad como sistema de leyes generales, a contrario sensu de cuando se trata de imponer una moral particular a la generalidad. Fundamentalmente el sentido a reconocer los ‘elementos’ que posibilitan a un congreso a legislar es en suma medida importante para reconocer la “legitimad” de un ‘acto’  por los hechos, de facto, que se hará pasar por uno de derecho, de iure. Reconocer la naturaleza de un hecho es poder otorgarle la justificación necesaria para hacer de éste un acto de justicia y no de venganza entre un grupo u otro ostentando un medio de control jurisdiccional, o mejor dicho, de control legal que faculta a una autoridad a imponer una pena.

Y claro, hay una fuerza moral, que está en función de un grado intelectual que se haya presente en un espíritu popular. La memoria histórica de un pueblo es consecuencia de la conciencia jurídica de aquellos pensadores que fundamentaron sus derechos bajo la legitimidad de la justicia. Esa mentalidad es la que el jurista como tribuno popular siembra en el civitas, y la que germina en el respeto de los valores jurídicos, para dar fruto a un modelo de justicia óptimo que se nutre y legisla con principios desterrando la corrupción, el nepotismo y la tiranía de aquellos corazones y mentes débiles e ingenuas cuyo recurso siempre resultara ser la fuerza antes que la razón. Y cuya naturaleza optima para aquel espíritu de justicia siempre sera el status civilis antes que el status del imperium, o mejor dicho primero se encontrara en la libertad civil de los individuos antes que la autoridad del Estado.

De todas estas valoraciones hay que considerar también lo que mucho se habla o se toca sobre los temas que bastante aportación hacen al carácter ideológico de los pensamientos sociales en política y derechos humanos. En muchos idearios revolucionarios se suele omitir el factor concomitante que hace de estas recetas un programa de acción determinante para un cambio en las estructuras que dan nuevo impuso a las conductas humanas, pues no son sólo los individuos los que han sido los personajes claves de la historia, también lo son las entidades morales, ficciones jurídicas que dan forma al devenir de una sociedad en un determinado espacio territorial. Gran parte de las distintas formas de pensar, ficciones que no por ellos son ficticias, como lo es una Institución Académica, resultan como fundamento de aquellos preceptos que definen un orden normativo de naturaleza autónomo y de carácter moralizante.

En la actualidad, aunque poco se ha dicho y mucho se ve de la ilegitima jurisdiccionalidad de las entidades moralistas, y que no resultan ser moralizantes, pertenecientes a un orden constitucional como entidades políticas llamados “Partidos”, poco se ha analizado con respecto al poder que una moral particular de aquellos grupos de poder tienen en los individuos bajo la costumbre que legisla procedimientos jurídicos de índoles ideológicos para terminar criminalizando las alternativas políticas de otros sectores liberales y populares que se organizan para proponer formas alternantes de administrar la justicia con más equidad y menos corrupción. Aún más importante es el poder reflexionar sí es que se desea una moralidad partidista como sistemas legal positivistas que solo proveen justicia para una clase en particular.

Es ahí donde lo moral no deja de tener fuerza aunque se busque coaccionarla con la normativa del derecho legislado por un Estado. Culturalmente cada ideología con su pensamiento social busca imponer su código moral. Aquel cuya normativa estructurará las relaciones de aquel sector que asumirá las consecuencias de sus determinaciones, desde una escala local a una magnitud constitutiva. En bastantes ocasiones se suelen legislar estos códigos y hacerlos parte de un derecho positivo. En otras más estos códigos morales sirven como códigos compartimentados de escalafón que dan jerarquía y equilibrio a algún sector de la sociedad, ya sean de derecha, centro o izquierdas.

gruposLa histórica consigan del constituyente de 1814 que yace en nuestra memoria y resulta ser en toda la historia de nuestro territorio fundamental por ser la primera de su tipo que agrupe a liberales y sectores populares para fundar un pensamiento de “poder popular” con justicia social, no se piensa sencilla si no antes se reflexiona una situación concreta, y que no siendo mundana en el ejercicio jurídico de los derechos políticos, resulta hacernos consientes de aquel -poder- que dota a una asociación de personas congregadas para poder deliberar su independencia espiritual y material de un régimen jurídico positivo para constituir uno nuevo, resultando ser un claro acto de ilegalidad aunque no de ilegitima potestad ante otro congreso legal que legisla las normas oficialistas.

Reconocer que es tan sólo el poder de la moral la que faculta a cualquier asociación de individuos a deliberar la jurisdicción de un poder común para juzgar los actos que están fuera de su costumbre espiritual, resulta identificar el elemento fundamental por el cual se puede meditar el valor de una legalidad. El objetivo de esa moral[15], deberá ser pues cimentar un principio de legalidad que imparta justicia como sistema de derecho general desde la propia particularidad cultural, en un lugar donde congregados bajo la libertad de sus voluntades se pactase una ley que dictaminará sus acciones como buenas o malas ante la Ley humana que los motiva a legislarse dotando de solemnidad el sentido de sus costumbres, no para castigar o sancionar actos contrarios a ellas, si no para clarificar los principios por los cuales se deberá juzgar las contradicciones que existan cuando la libertad, las pertenencias y la igualdad se hallen confrontadas.

La moral entonces apremia el deber ser de la reciprocidad para mantener la normatividad general de una comunidad.[16] Pues si el poder punible parte de una autoridad ajena a las costumbres de una sociedad, ésta se verá violentada por la falta de respeto que debiera existir en el entendimiento de sus preceptos intelectuales y morales al impartirse justicia. Y la sociedad buscará por cualquier motivo la manera de que sea penado lo que consideran contrario a su código de conducta, de ahí la importancia a que la moral como el derecho se base en los mismos principios universales para impartir justicia. Si una autoridad ajena a cualquier sociedad persiste en su dinámica de castigar lo que a su criterio consta, sin considerar la costumbre local, el resultado más urgente será la revuelta.  El equilibrio jurídico que debe prevalecer es la de una moral que busque el justo medio de las cosas juzgadas bajo las formas que la costumbre valora, de ahí la loable tarea de que se legisle la punibilidad de los actos con la autonomía de los pueblos, a partir de un congreso local, cuya razón se fundamente en los principio morales de su sociedad. Elevar la costumbre de un sistema de justicia, como el virreinal, a un sistema de justicia más universal, como lo fue el liberal, fue una tarea titánica que aún se manifiesta con los signos de la presente corrupción institucional.

Moral-derechoEn el ámbito espacio-temporal del poder político, para un constituyente, la moral ocupa el lugar -supra- en los valores sociales, es decir por encima del derecho regente que se inscribe en su ámbito de validez y eficacia (positivos) para mantener la paz. El factor concomitante de las normativas que se legisla en un código positivo que rige a una sociedad por grupos de poder fácticos es resultado de costumbres morales, progresistas o conservadoras.  Cuando encontramos un grupo humano que se rige bajo los valores democráticos con  participación directa en la toma de decisiones,  vemos un código moral que se hace y rehace dando pie a una moral cambiante y dinámica, contrario a una moral rígida y autoritaria de grupos humanos que se rigen bajo valores costumbristas, patriarcales y dictatoriales.

La importancia de comprender una estructura moral determina el carácter de su autoridad que hace valer el justo medio del objetivo que persiguen; instaurar tribunales que mantengan el orden; impartan justicia y que se respeten las costumbres. Son pues la autoridad sin autoritarismos de un grupo democrático, o la autoridad con autoritarismos de un grupo conservador los primeros principios que una moral conducirá en su legislación para convertirlos en derecho. En ambos hay un régimen normativo de autoridad que determina su funcionamiento y la prevalencia de valores que permiten tomar decisiones en las relaciones sociales. El carácter moral ocupa un lugar -supra- de las relaciones políticas, pero no -meta- de la relación objetiva del derecho y el status civil. Esto significa que es la moral de los individuos, la de las familias, la de los grupos, la de las asociaciones, la de las organizaciones, la de las  instituciones, la de las religiones y la de las naciones la que se encuentra por encima de las relaciones políticas de los partidos, organizaciones políticas y los grupos que pretenden mercados económicos legislando el derecho que los Estados aplican como ley.[17]

La moral de un grupo, tomando de forma genérica el término grupo, es la autoridad colectiva que ha dispuesto un determinado orden de valores para resolver sus conflictos y lograr sus objetivos, cuya finalidad es la de juzgar las decisiones que acercan o alejan los actos a los principios axiomáticos que se consideran fundamentales para la existencia o encarnación de la manifestación particular colectiva. Esa manifestación es una fuerza material y psicológica que posibilita el acto de realización de una entidad ideal, la ficción,  en la identidad particular de los individuos que adoptan un precepto positivo de conducta. El carácter de los individuos bajo una moral les da reconocimiento o desconocimiento del lugar que ocupan sus acciones dentro de una colectividad, desde la familia hasta cualquier otro grupo de la sociedad. Les otorga un incipiente sentido de soberanía, desde una posición pedagógica, que les permite vislumbrar el papel de su constitución como parte de la potestad física de la ficción jurídica que es el Estado como nación.

La moral tiene entonces una jurisdicción independiente de los órganos que administran justicia por las instituciones del Estado. Que ésta sea ilegal o legal en muchos de los casos depende solamente de que no transgredan los derechos que son legislados por un grupo de poder legítimo, como es el caso de un congreso, partido, parlamento o constituyente. El ámbito ya no es sólo de una esfera de validez y eficacia, hay un ámbito aún más delicado que es el ético y psicológico, pues de ellos dependen las relaciones humanas que toda sociedad promueve para la práctica de sus valores que después se convertirá en derecho. Si un grupo ve en conflicto su moral al contradecirse los principios que dan validez y eficacia a sus códigos de conducta, ésta, inevitablemente se verá revuelta y perderá fuerza otorgándole poder a otros códigos morales que están por encima con mayor validez. Es el caso de la corona española de Fernando VII durante la invasión napoleónica. Naturalmente los códigos morales con mayor validez son aquellos que en sus principios encierran valores más universales y que permiten concebir acciones en planos más generales.[18]

Un ejemplo análogo de la moral y el derecho es el fenómeno de la supremacía constitucional, donde la validez de una norma específica se hace presente por la constitución que la genera, y requiere del ámbito material de sus codificaciones. Lo mismo pasa con las  normas morales.

Pero ¿A qué grado la jurisdicción de una autoridad moral puede imponer algo? En cierta forma mientras exista un poder o autoridad que mantenga un monopolio de la fuerza o violencia, sea legitimo o ilegitimo, será quien mantenga el poder jurisdiccional real y no simulado. Si una organización corrompe las instituciones que administran justicia, será ésta organización la que tenga jurisdiccionalidad por encima de las instituciones legalmente positivas, y administrará la justicia de acuerdo a la particular autoridad moral que la determina por sus fines propios. Es cuando el Estado de Derecho pasa a ser un estado de ingobernabilidad, pues existe una figura que simula u ostenta el poder de la violencia para hacer valer su orden normativo bajo una moral particular, desconociendo la relación de otras distintas entidades ya sean legitimas como; los poderes políticos, o ilegítimos como; los militaristas en un ‘coup d’Étad’ (Golpe de Estado) donde buscan ser parte del proceso de ostentación del poder político por un medio ilegítimo e ilegal, y cuyas implicaciones son más moralistas que morales, estos se agrupan bajo el orden normativo de aquellos grupos conservadores o radicales y cuyo código de conducta sigue siendo una moral reducida que definirá la constitución de una sociedad, y mientras la sociedad no sea consciente de una moral más genérica, universal, humanista o legitima en su integridad normativa para legislarse no podrá sacudirse el yugo de aquellos inmorales conservadores.[19]

El carácter de la moral liberal, que en mucha relación compagina con el de la moral libertaria, contrarias a las totalitarias, es incluyente para muchas de las relaciones sociales en su esfera cultural, y esto es su sentido más importante para regir la conducta, como un estado que se interrelaciona con los valores del carácter fundamental para el ciudadano; la república, la democracia y la igualdad por solidaridad. En otras esferas más particulares y atomizadas no se encuentra una fuerza moral que coaccione la conducta de los individuos y por lo tanto se reduce su poder con el que aplicará una justa distribución de lo que las personas demanden para sí dentro del grupo al que pertenecen, otorgándole automáticamente poder jurisdiccional a la esfera de validez superior que se encarga de hacer valer lo que se considera justo para tal grupo, ya sea que siga siendo moral o que resulte por las instituciones de derecho.[20]

Hasta aquí hay que tener presente que la jurisdicción de una moral no contiene un procedimiento para desahogar pruebas de manera bien pulida, como lo tendría una figura jurídica, la ficción institucional del “proceso” o “actuación procesal”, que se ha hecho científica especialmente para solventar las posibles ficciones que requieran la fuerza imparcial de una autoridad intelectual legitima. Sin embargo en el ámbito de la costumbre, los procedimientos se van limando y puliendo de manera que en muchas situaciones el hecho de que exista un acto específico para determinado tipo de conflicto moral implica que hay una manera procedimental para dar un juicio correcto de la cosa en conflicto y para acabar con lo que afecta el carácter moral del grupo, como antiguamente se hacía en el mos maiorum.[21] Es pues la moral de los grupos humanos el principio de las relaciones políticas entre las sociedades políticas, que darán legitimidad a instituciones de autoridad.

images (2)Resta aclarar que la jurisdicción del Estado, en teoría o en simulación teórica, no recae en facciones o grupos, sino en su unidad como nación, es decir, en la unidad de todos los individuos que constituyen a determinado sentido histórico para elegir representantes que aplicarán su derecho, o mejor dicho que aplicarán un proceso que dará derechos y determinará justicia bajo una moral ya legislada de manera común. Es su integridad moral, la soberanía, el sentido que le permite ejercer ese derecho universal y no particularmente moralizante. Pero el punto de análisis no es la jurisdiccionalidad del Estado como tal hacia sí mismo. Ni la moral legislada hecha  Derecho. Esto sólo sirve para distinguir y distanciar la naturaleza de un orden político y el de un poder constituyente, al hacer uso de un código normativo que principalmente es aquel del grupo de poder dominante que se encuentra en relación del mercado igualmente imperante. El punto a analizar es el de la moral de los grupos humanos y su carácter jurisdiccional. La relevancia no se encuentra en suposiciones ficticias o en artilugios retóricos.

Basta precisar el carácter fundamental del poder que cada individuo da a un grupo social para dotarlo de fuerza y acción por encima de las relaciones políticas, pero no por fuera del orden jurídico del Estado, aunque en ciertos casos si por fuera del poder coactivo de las instituciones de éste. Esta fuerza y acción moral es en ocasiones más poderosa que el derecho, pues dirige las responsabilidades civiles con respecto al cumplimiento de las garantías jurídicas. El objetivo del Estado es que la moral de un grupo prevalezca por encima de los otros grupos humanos. El Estado es una ficción normativa que posibilita tan afanosa injusticia, haciendo de una de las partes la simulación del todo, con validez y eficacia. De ahí que la fuerza que se le otorga al Estado como institución común, deba ser coactivamente superior al de los motivos moralizantes de sus objetivos; el monstruoso Leviatán que rige el destino de los valores humanos y la moral de las sociedades, pues de sociedades hay bastantes modos, desde la familia hasta la nación o la corporación, y el Estado tiene el problema de no estar exento de la hechura humana en su fundamentación moral contraria al universalidad humana, ósea que puede también ser inmoral, como ficción jurídica. Y termina siendo la representación moral del ideal de un grupo particular por alcanzar un orden supremo, en su código normativo, en su estatus general como constitución política.

Fácilmente se puede confundir a la democracia autoritaria y conservadora que busca legitimar y fundamentar al Estado con la sustancial naturaleza de las relaciones racionales en el ámbito de participación social de una democracia dinámica y libre de una única moral dominante. Para esto hacen falta principios que fundamenten no el derecho a ejercer un código moral dentro de un margen normativo, sino más bien es necesario clarificar los principios de lo moral y el sentido ético de lo humano, con el objetivo de poder unir en lo individual los intereses universales a partir de una autonomía. El acto constituyente resulta de saber equilibrar todos estos elementos que de manera común y en lenguaje corriente se llevan a la mente del intérprete. El contexto es crucial porque delimita el bagaje cultural de la espíteme social que en un determinado tiempo se tenía con respecto a el avance científico, es cierto que durante finales del siglo XVII y principios del XIX la revolución no solo era territorial, política y económica sino también cultural y científica. Lo cual motivó una transformación muy importante a considerar dentro del estudio del pensamiento, la revolución jurídica de las instituciones.

El encontrar el equilibrio para un congreso autonomista que venía de un proceso en crisis por las circunstancias internacionales para el congreso constituyente de 1814, y que nos muestran un referente que es digno de retomarse a nuestra valoración de justicia popular dentro de muchos otros más, es que éste tuvo un cambio radical que revolucionará los esquemas en los que se platearía ya no una América como región auto-proclamada por sus localidades dependientes a un sistema jurídico central, sino más bien, se proclamó como una sociedad independentista y lista para auto-gobernarse legítimamente, bajo la jurisdicción de una moral sustentada en un congreso democrático que constituyera su propio derecho popular.[22]

Para entender el conflicto que la soberanía desató entre los independentistas de finales de siglo XVIII y principios del XIX es primordial reflexionar sobre la moral y su jurisdicción, pues los fundamentos democráticos que Rousseau plantea como fundamentales para delegar la soberanía al pueblo resultan insustanciales al momento de relacionarlos con la práctica del derecho político y el ejercicio de las técnicas jurídicas que en su momento no encontraban  razón dentro de los fundamentos populistas y demagógicos que tal personaje había elucubrado. Y más precisamente con la función de la jurisdiccionalidad, o el estado de derecho, que críticamente se ve derrumbado cuando los liberales retiran esta potestad de dar justicia por la administración de un monarca (como poder centralizado del Estado), para entregarla a una asamblea representativa, pues el eslogan propagandístico de ciertas figura revolucionarias que confiaban en las ideas roussonianas no dieron por hecho, en la práctica de aplicar justicia, que el pueblo entendiera la función del Monarca como el imperioso estado de las leyes y el orden normativo que ejercitaba la función de dictaminar las justas costumbres entre las relaciones de unos con otros y como instancia de apelación para la resolución de conflictos judiciales.

Dentro del ámbito de validez de una norma fundante, ley constitutiva, no se haya esencialmente algún otro elemento que le hubiera precedido más que el decreto o  promulgación de su legislación que la funda, pues se encuentra existiendo en un sistema que se busca justificar a partir de su propia causa y no por la consecuencia de otras, garantizando los derechos fundamentales como primarios, y que en la norma que le precedió en su función, resultaron desplazados, negados o nulos, y guarda en ella solo los ámbitos sustanciales; espaciales, témpora, material y personal que la hacen válida para su jurisdicción sin que otra más la desplace.[23] La coherencia de su sistema se encuentra intrínsecamente relacionado a la razón que responde como causa de su naturaleza; un ejemplo de ello es la -soberanía constitucional de 1814- al fundarse en una norma que dicte que ésta recaerá en una forma distinta de la que le precedió. Hace falta reconocer la causa que le da sustento para que así pudiera suceder, como lo sería un contrato social de algún pueblo, o en su defecto, el pacto entre otros pueblos que reconocen la independencia, esto con el objetivo de fundar su norma y darle sentido de solemne derecho potestativo otorgando el poder de hacerla valer a todo el que la pactase en las codificaciones secundarias que recayeran en la ley primaria.

El fundamento de validez para una legislación fundante es la de su razón de ser y existir para obligar a un ‘deber ser’ a los que existan dentro de sus delimitaciones. La norma que diera garantías jurídicas de seguridad en la impartición de derecho, punto neurológico de toda sociedad, al ser necesario someter a un sistema que siendo fundamentado con justa medida la ley primaria pueda juzgar esta con la misma primacía con la que se le da sentido para ser suprema en su autoridad. Pero no todas las sociedades pueden alcanzar tal consideración para con sus delimitaciones jurídicas. Las diferencias culturales son el principal factor a considerarse dentro de esa intentona de coaccionar todo lo que un grupo o su moral de tales individuos rezan. Y es ahí donde la hazaña jurídica hace su aportación gimnástica, pues no son el Estado el aparato que brinda la certeza de tal seguridad, sino más bien sus instituciones las que le da el carácter de legitimidad y más precisamente la moral que dotará de poder a esas instituciones su sustancial motor de unidad.

La razón de una constitución política para esas culturas será el principio moral que de fundamento supremo al carácter de los individuos en ellas, para someter a todos aquellos que obliga con respecto a los que permiten. La moral que pretenda fundamentar una nueva constitución por medio del iure, debe de saber dar valor a un sistema de garantías jurídicas dignas de mantenerse como principios universales de cualquier individuo, aunque sean ajenas a la validez de las leyes positivas de su contexto. La “soberanía” en su devenir ha sido aquella figura que da principio a la existencia de nuestra constitución humana, social y política como fundamento moral y universal de un ‘procedimiento elemental’ para un derecho legítimo.[24] Y ésta, constituida desde su principio, como un sistema de derecho que permite la protección y ejercicio de nuestras libertades es motivo harto significante, como principio del entendimiento de su valor, en el ejercicio jurídico de las normas. Su teoría se ha ido desenvolviendo y nunca persiste como un objeto dado con plena integridad de los pensamientos jurídicos y políticos de las mentes que lo han desentrañado, pues yace en ésta figura los valores potestativos, del único y para muchos monstruoso poder punible del Leviatán como carácter coactivo que empuja a las personas físicas a ejercer su conducta bajo los principios de imparcialidad y legalidad con funciones elementales de las ficciones de estado.
Es pues en la soberanía donde se sostiene la integridad de un sistema que pretende ser justo dividiendo a las partes y seleccionando una potestad que las juzgué imparcialmente. No es la soberanía la que otorga el poder a un sistema para hacerlo una entidad que monopolice la riqueza material, sino que es el sistema el que adquiere soberanía cuando logra justificar su rango de medición y equilibrio; que sanciona y castiga a aquellos que abusan de su condición distinta con la que fueron dotados por la naturaleza. Es importante reconocer la soberanía desde una visión espacial, en el pasado, donde encontró su más fuerte necesidad a encuadrarse en las figuras populares de la democracia republicana de finales del siglo XVII y que también se haya en la manifestación de un sentido que requiere ejemplos tanto presentes como pragmáticos para comprenderse a cabalidad y entender su fundamental sentido dentro de cualquier sistema de derecho que busque mantener su integridad y preservarse sin la corrupción del poder dividido en cualquier temporalidad.[25]

culpa goce impunidadLa reducción a contextualizar tan significante carácter de la potestad moral, de la soberanía, en un momento presente, nos ayuda a representar existencialmente aquellos elementos que dan sentido a los actos en la historia de un pueblo. Pues existe una pena aún más grande que la que una sociedad puede imponernos, aún más que con los poderes fácticos y políticos del Estado. Esa “pena” es el castigo moral que gira en torno a la validez de nuestro ámbito de temporalidad y especialidad, aún más urgente que la que encontramos con las instituciones normativas, pues se halla con los grupos a los que pertenecemos y que conciben una categoría de modos en los que la pena puede hacerse valer. Entre mayor sea el reconocimiento o pena moral que mueve al individuo a asumir los valores morales de un grupo, mayor es el carácter humano que para él y su grupo representa dentro de la jerarquía social dotándolo de poder y fuerza haciéndolo una autoridad para sí mismo y para los demás. El fin de dotar de autoridad moral a los individuos es con la intención de que sean jueces intelectuales entre las partes de algún conflicto dentro de su esfera de eficacia respetando el carácter moral de sus códigos normados.

Tan sustancial es esto para todos los individuos, que resulta más doloroso para el ánimo de las personas el desprecio y rechazo moral en sociedad, que la coacción de un poder fáctico aislándolo por prevención en alguna prisión. Para el ejemplo resultaría hablar de cómo un grupo ilícito, no prevalecería en sus actos delictivos si no es por la fortaleza moral que permita a sus miembros dar sentido a las relaciones de poder para aplicar los juicios sobre su propia consideración de lo justo entre las partes o las conductas que lo hiciera desde su esfera de validez moral que es eficaz a los fines que persiguen. Los grupos delictivos que infravaloran el ámbito moral no llegarían más que al intento frustrado de sus acciones y en el peor de los casos cuando la moral delictiva es desmontada por fundamentos legales, sus elementos terminan subordinados a la tiranía de las jerarquías. Bastantes ejemplos hay como para evidenciar hasta donde un código moral puede suponer un orden jurisdiccional distinto al del Estado; como en el ámbito religioso, cuya trascendencia permea a los grupos fundamentalistas; y es también evidente, cuando se fragmenta un Estado por guerras civiles o invasiones.

El ámbito de jurisdicción que tiene la moral de un grupo humano se convierte en la autoridad que imparte justicia desde su particular visión de orden espiritual que lo es en la misma medida intelectual. La fascinante y no por menos loable idea de otorgar la soberanía decretada en la Constitución de Apatzingán bajo disposiciones que garantizaban la seguridad jurídica de los individuos; como ésta jurisdicción moral del imperio de las leyes, no de forma populista, sino por justicia popular otorgándola a un congreso emanado de la representatividad; fue la germinación de dos grandes mentes; la de Ignacio López Rayón y la de José María Morelos y Pavón, que además de mantener serias diferencias, éstas no se vieron interpuestas por el grado de compromiso intelectual que cada uno asumía dentro del ejercito insurgente.[26]

Dado que las inclinaciones abiertas de Rayón figuraban a mantener la soberanía a la corona del Rey, éstas no eran otras más que las previsiones de cimentar una independencia con legado jurídico; una autonomía jurídica. La presión y motivaciones de Morelos a generar y diseñar una total independencia jurídica libre de los viejos vicios virreinales logrará una síntesis, en un sistema  autónomo que sin depender de ningún principio jurídico del imperio, podría hacer uso del viejo solo hasta que la nueva legislación generara las futuras normas. El resultado será una obra magistral donde el equilibrio de poderes, que para esos tiempos resultaba únicamente teórico, en aquel proyecto septentrional de América, resultaría un experimento digno de resultados, con loables causes para las futuras sistematizaciones constitucionales.

A diferencia de que en una Nación y sus localidades cada individuo es independiente de la motivación de sus gobiernos, todos son responsable de sus actos, y es sin duda el valor humano de las relaciones entre iguales respetando las libertades de cada individuo lo que somete a un juicio imparcial sus derechos específicos con respecto de sus acciones por una figura que conozca de las costumbres locales, mientras que las representaciones de una figura nacional solo está para que no se transgredan los valores universales que los mantienen unidos, ésta no puede resultar ser un imperio jurídico que haga uso de la fuerza para hacer valer sus inclinaciones políticas. Sin embargo, en el caso de las organizaciones políticas, instituciones partidistas, gremios y demás asociaciones que buscan ejercer el poder público, cada actor que de ella participa bajo el puesto o función que ejerce, así sea muy particular al grupo que lo compone, es un vivo ejemplo moral de aquellos valores y principios que su organización pone en práctica dentro del carácter jurídico de la instituciones políticas.

La dura realidad para una Nación incipiente es la de tener que lidiar con los conflictos más encarnizados de una jurisdicción independentista. No se juzga a los individuos que participan en un delito, pues eso ya lo hace el régimen del Estado con las tradiciones juristas anteriores, se juzga la complicidad moral de los que legislaran en contra del pueblo y a la organización que promoviera las razones de la traición a la patria al venderla y no escuchar el llamado civil de la población. Como el objetivo de un ‘club político’ no es tan solo el de los individuos ejerciendo sus derechos ante la sociedad, sino el de conformar asociaciones que compartan mismos fines y razones asumiendo un carácter social para la administración de las formas democráticas de la Nación, cada actor de dicha organización política será la imagen y símbolo de todos los que en ella militan. De ahí que debe de existir una moral que juzgue ese actuar bajo principios que solidaricen en una misma causa o creencia espiritual e intelectual. Para caso histórico de la América septentrional mexicana de principios de siglo XIX, será la moral del humanismo, que no por ser católico, dejo de unificar esfuerzos y constituir logros memorables, y que ahora resultaría algo inmoral. Lo cual invita a la agudeza y destreza de una política que deberá hacer el doble de esfuerzo reconciliar necesidades evidentes para una justicia popular y no solo de un determinado espectro social.

Ninguna Constitución como Ley Suprema se ha forjado en la ecléctica dinámica de las clases parlamentarias, estos por el contrario han de modificar su validez a una potestativa jurisdicción superior, codificándola en alguna clase de peticiones normativas de orden general. Ha sido más bien la moral del clamoroso intelecto liberal, en confrontación de aquellos que desean el domino y sometimiento de las voluntades menos agraciadas, los que han estallado las más intestinas y cruentas batallas. Con el fin de dotar de autonomía a cada individuo que reconozca en su condición la luz de una independencia en su unidad espiritual.

Las leyes supremas son fraguadas en guerras, ahí donde resultan necesarias sus justificaciones bajo la luz de la auspiciante moral; de la cordura; y la dirección; que den sentido a las acciones supremas. Es ahí donde se representa la supremacía de aquel objeto sin temporalidad y cuyo sentido se ha constituido en la  justa determinación de su jurisdicción espacial como República soberana. Resulta entonces una estrategia disfrazada de táctica, un contrato dotando a la sociedad de sus propios mecanismos contractuales, una constitución que constituye su autodeterminación. Para reflexionar el simbolismo de la Constitución de Apatzingan es importante reconocer un principio esencial para toda mente que da a la identidad de su condición histórica, un carácter fundamental de legalidad, el principio de legitimidad. La Constitución de Apatzingán termina siendo un esquema para las futuras representaciones constitucionales donde se sistematizaran los elementos que claramente darán forma a la Nación Mexicana, distintas en suma de aquella pensada en 1814. Serán la soberanía y la religión preceptos morales que con el devenir de los tiempos resultarán en fundamentos esenciales para la constitución de un pueblo. Sus elementos más esenciales que determinarán el curso del sistema jurídico que actualmente vivimos. 

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-REFLEXION SEGUNDA-

De la mentalidad y su conciencia histórica en la memoria de los americanos, como principio que fundamenta las ficciones jurídicas modernas.

Para la historia de los pueblos en América Latina existe un sincretismo que empapa de ignominia el valor de aquellos hombres y mujeres que también lograron su independencia en las latitudes del norte a finales del siglo XVIII. Éste sinsentido es el olvido a su propio culto a las fantasías que mucho encanta a los corazones angloparlantes y que tanto confunde a los juristas hispanohablantes. Pues la confusión de los elementos constituyentes, al ser la norteamericana la primera en presentarlos, se suele confundir con los elementos de la primera mexicana en existir y definir bajo -preceptos- totalmente diferentes.

La obra de los grandes personajes y sus pensamientos corren la suerte de terminar diluidos en la abismal corriente de una historia lineal, borrando el carácter político y jurídico que sus ideas representan en la mente de aquellos que resultan ser producto del encadenamiento de los hechos. La historia política de los Norteamericanos está marcada por una enervante propaganda que en muchas ocasiones resta carácter a los sucesos que fueron fundamentales para representar el proceso que dio causa a su constitución, dotando de ilusoria fantasía la secuela inconexa de los actores y personajes más destacados que dieron sentido a su independencia.

El carácter principal por el cual la nación del norte de América, con incipientes 13 colonias, se distinguió de las demás naciones Latinoamericanas fue porque durante finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX la búsqueda de unificar los estados bajo una federación única les causó graves daños dentro de su sincretismo intelectual protestante[27] teniendo que tolerar la unicidad de pensamientos que se habrían a las más radicales inclinaciones progresistas y que buscaban limitar la intromisión a los dogmas en asuntos de su económica política, dotando de plena facultad administrativa a los terratenientes más opulentos y mejor colocados durante el proceso de emancipación y desplazando a los puritanos que mantenían la vanguardia en administrar localidades industriosamente productivas, en distinción de la unidad espiritual que mantuvieron los latinoamericanos por el sincretismo social del catolicismo humanista.

A principios del siglo XIX las recién independizadas colonias inglesas presas del reflujo y constante vaivén de retorcidas políticas, dio como consecuencia una crisis socio-política que generó un distanciamiento entre las clases aristocráticas y la efervescencia de un pueblo hambriento de explotar las posibilidades de ya no regalar sus recursos a un imperio y mucho menos a los nuevos tiranos federalistas.

Este parte-aguas es un paradigma que nos permite comprender una razón fundamental. El devenir de la recién formada Unión Americana y su crítica política, producto de los bloqueos que el imperio Británico les impuso para sancionar su insolente expansión a las colonias canadienses[28], fueron un pregón cuyo revuelo causaría en las América mucho que contemplar del sistema de gobierno de sus vecinos, al evidenciar la impotencia comercial y mercantil que una insolente nación podría sufrir por la simulación de una constitución sancionada no con el carácter fundante de un pueblo que se erguía bajo una motivación real de libertad, sino bajo las necesidades expansionistas de controlar las relaciones mercantiles de las colonias para dotar de regulaciones sus mercados internos sin crisis fiduciarias.

El precepto demócrata que diera garantías jurídicas a su orden normativo, también se usaba para justificar la discusión de cómo se controlaría la balanza de importación y exportación con clara intentona de favorecer a los grupos que habían liderado la emancipación de las políticas mercantiles impuestas a los colonos, no tanto por la independencia de un pueblo al sistema político británico, sino más bien por la ignominiosa manera con la que intentaban sostener sus necesidades económicas a administrar las tierras, sin la autoridad racional de un sistema imperialista con siglo de tradición fisiócrata. Y que sin jerarquías o con nuevas jerarquías pretendía dar lecciones de liberalismo protestante y utilitarista.

A los ojos de cualquier persona de su tiempo, y en cualquier tiempo, la moral utilitaria que justifica la usura a costa de la soberana demagogia fingiendo la popular reivindicación de los “derecho de los hombres” como principios a enriquecerse bajo la libertina complacencia, a costa de la “esclavitud”, es causa de repudio. Aún por más hombres que agrupe este código de preceptos éticos del protestantismo, resulta despreciable, hasta para las mentalidades menos humanistas. Y no es difícil que tal sistema implique precauciones a la hora de estudiar sus fundamentos legales y se observe con recelo la forma de generar soberanía popular, hasta para los pensadores de aquellos tiempos, incluso hasta para rechazar su carácter trascendente que da muestra de su necesaria justificación a someter otros pueblos soberanos debido a su natural destino manifiesto a desintegrarlos.

Dado que las colonias norteamericanas preservaban el valor fundante de administrar autónomamente sus localidades a partir de sus distintas costumbres protestantes[29], el encontrarse ante una reforma del tipo liberal y francmasón para federarse, producto de su revolución independentista, les empujo a desarrollar doctrinas políticas que buscaran nuevamente la esencial ideal a independizarse del monopolio unionista de aquel pro-nacionalismo. Una vez eximidos de las contribuciones exorbitantes a la corona inglesa, vieron con agrado las inclinaciones a engullir nuevos territorios para expandir sus mercados locales, así como de dotar de autonomía las administraciones de los nuevos alcances jurisdiccionales. Esto es visto como una crisis entre la Federación y sus Estados. Para la historia de los EEUU, éste periodo histórico de su recién constituida independencia es solo un proceso en donde se tendría que administrar la centralización de un poder que intentara distanciar la intromisión de otras naciones y dotar de justicia suprema a todos sus habitantes, como símil del complejo aparato jurídico-mercantil del imperio Ingles. Que hasta ese momento, con una independencia tributaría, moral o inmoral, se enfrentarían al decaimiento de sus instituciones al no tener fundamentos, más que los de la opinión pública que sus insignes ideólogos pudieran animar a pro-pagar.

En América las castas más empapadas de estas nociones y conceptos que permitían entender la dinámica independentista de aquellos pueblos protestantes del norte, mostraban que la independencia de una localidad, administrada por una burocracia sin título nobiliario ni el honor de una autoridad competente, significaba un suicidio en la impartición de justicia para cualquier estamento. ¿Pues qué razón dotaría de atenta equidad un conflicto entre particulares? y aun mas exagerado ¿Ante quién se apelaría si ya no hay aristocracia conservadora que responda al amparo de la potestad divina del monarca para revisar los casos de abuso por las autoridades locales? Solo algunos pequeños grupos letrados, ante estas oscuras circunstancias, sabían que en occidente y EEUU se desarrollaban pensamientos en cuyas bases se fundamentaban los principios filosóficos que otorgaban a la naturaleza humana de la empírica facultad práctica para incitar un grado de convivencia pragmática a partir de una regencia fundada en las consideraciones políticas de una libertad, igualdad y solidaridad posibles entre los hombres, de raza blanca, para el caso de aquellos.

Esas mentes, en la historia, fueron las que dieron como fruto una libertad constituida en base a la ley racional del contrato político y social, arrancando la potestad de una jurisdicción divina otorgada a los monarcas, para entregarla a los pueblos en su constitución como monarcas de sí mismos. Paradigmas que fueron claves en toda América para revolucionar los esquemas que actualmente se sistematizan en ambos polos de la tradición político-jurídica, pero que reza en distintas formas la materia de su moral soberana, una por su populismo protestante y la otra por su misticismo religioso.

Y sin embargo existe un conflicto que no resolverían aquellos pensadores americanistas y tampoco sus antecesores que se inspiraron en los fundamentos democráticos del contrato social. Éste conflicto sin embargo encontró su manifestación en el carácter espiritual que es símbolo de la educación intelectual de una sociedad. Tal fundamento, no se toma a la ligera, pues se sopesa con la experimental muestra que los norteamericanos daban al mundo con sus ilegitimas expansiones, su inmoralidad protestante, su falta de ética política y las confrontaciones jurisdiccionales entre sus poderes.

Ese carácter fundamental que dotaba de razón suficiente a un pueblo para que espiritualmente, o intelectualmente, pudiera reconocerse como nación soberana, era la religiosidad que unía las voluntades hacia un llamado común. Fue pues esencial para los americanos septentrionales el declarar como única y primaria una sola religión bajo el carácter jurisdiccional del sistema constitucional, pues de no haber unidad religiosa que fortaleciera esta moral superior para legislar, se correría el riesgo de emular los vicios de occidente y del norte, frustrando el carácter de un congreso constituyente.

Claramente el proyecto de nación Norteamericana contrariaba al de la nación de América septentrional, superando por mucho la constitución de los insurgentes americanistas la visión jurídica de los estadounidenses, cuyo proyecto esencialmente era más sólido por su fundamentación moral jurídico-política. La visión de Morelos y Rayón previno, como lo muestra su correspondencia[30], la escrupulosa conformación del orden jurídico-militar de sus milicias, a la par del político-jurídico de la nación. En suma el carácter moral de la constitución de Apatzingan, impregnada por aquellos esenciales preceptos de valores más universales del mestizaje católico que dotaba de garantías legales a toda persona apostólica, no siendo únicamente sujetos de derechos políticos los hombres de raza blanca,[31] resulto ser un baluarte jurídico que abrió las puertas del progreso desde una visión Americana y que bastante hace falta tener en la reflexionan por sus elementos.

Aquella visión solo podría ser vencida bajo el auspicio de una mentalidad juiciosa del orden jurídico[32] y por el ordenamiento de una nación independiente que tuviera poder para dar fin a las pasiones que tanto azolaban con el beneplácito de una camarilla de corruptela privilegiada que seguía las costumbres de los conquistadores. Fueron aquellas mentes que guardaban en lo más hondo la integridad de su propia memoria y el de su incorruptible actuar, manifestado en la obra escultórica que supera cada particularidad de sus desgracias. Realizándose en el tamaño no de su mismo sacrificio, sino en el de su lealtad a esta mente indomable del amor por la libertad.[33] Absurdo sería hablar de una lealtad a su patria por ellos, pues ésta apenas se germinaba en cada proceso que se dio hasta la constitución de Apatzingán. Su legitimidad, su lealtad más intrínseca, yacía en los pensamientos que dieron forma a un espíritu nacional donde la justicia se administraría por los principios morales que ellos constituían desde ese momento. Y es ahí donde cabe la veneración y el reconocimiento que nos permite resignificar el carácter que dota a nuestra voluntad de amor a su obra para futuras y presentes hazañas jurídicas.

La razón de la justa libertad que sanciona con solemnidad la ciencia jurídica y que da carácter a la voluntad congregada para gobernar gobernándose, aun sin la certeza material de un territorio victorioso, contrariamente a la constituida en las colonias protestantes del Norte de América. La visión firme de aquella moral contra toda limitación, no se permitió ser vencida, sino por el contrario, prevaleció victoriosa en cada batalla aún ante el infortunio de las circunstancias, siempre instaurando un estado sin Estado y que no siendo propiamente una Nación sólida, logró encausar la dirección de sus actos bajo el juicio de una legitima política cuya veneración a los derechos naturales de los americanos fueron un tanto distintos de los que pregonaban los demócratas liberales europeos en sus tratados políticos.

El principio de razón suficiente que dota a la soberanía de sentido, como potestad contraria a la divinidad suprema del monarca, es la que se verá revolucionada en las -democracia occidentales-, principalmente por los pensamientos liberales de los movimientos revolucionarios en Francia, EEUU y Cádiz, cuyo carácter es sustancialmente distinto en los razonamientos ordenativos del congreso de Apatzingán pues suponen una visón de supremacía muy por encima de las expectativas jurídicas y procedimentales de su tiempo. Y sin embargo, el proceso de independencia, obligará a sus pregoneros insurgentes a tener que redefinir la manera en cómo una -soberanía popular- sustentaría un legítimo estado de leyes, aun en plena ilegalidad impuesta por el Virrey Calleja en su estado de sitio. Convirtiéndose en un aparato ejecutor de normas que den amparo al derecho de personas libres y con procedimientos jurídicos legales. Motivado en una carta constitutiva, que prevenga la intromisión de Estados invasores o decretos extra judiciales.

Tal experimento rezaba en dotar a la democracia, de un congreso legislativo, como artilugio contra la enfermedad de un sistema jurídico en desorden legado por las costumbres jurídicas de los hispanos; declarando soberano a los representantes de aquella naciente república como aquellos que harían deponer a los tiranos cuando suprimieran el derecho de los ciudadanos. Es difícil de imaginar que en aquel contexto el recurso jurídico del -amparo- era un procedimiento que tenía su solvencia en la figura del Monarca, pues la monarquía como institución era un órgano de apelación al que se recurría para protegerse jurídicamente.[34] La ruptura con la soberanía del monarca y su aristocracia, pretendía dotar de facultades al insurrecto poder legislativo, sin determinar los procedimientos en cómo se ampararía los derechos de los individuos.

La división de poderes no solventaba la inclinación de los representantes a convertirse en tiranos, sino todo lo contrario. Pues como ya Ignacio López Rayón lo vislumbraba, una legislatura no era un órgano judicial, y aunque la legislatura generara las instituciones judiciales, estas requerían un derecho sólido y legítimo (una tradición de fuerza racional) que ya hubiera estado ejercitado como para no sucumbir a las primeras controversias donde hay contradicción entre las leyes o representantes de Provincias. En palabras de Rayón; “Nosotros, pues, tenemos la indecible satisfacción y el alto honor de haber merecido a los pueblos libres de nuestra patria, componer el Supremo Tribunal de la Nación y representar la Majestad que sólo reside en ellos.[35] Las insignes palabras son muestra de que en suma -la constitución de la nación- debería ser una hazaña jurídica donde la soberanía impartiera justicia, antes que una ficción política donde se cultivaran los reinos del despotismo. No es casualidad que la constitución de 1814 ya contuviera la estructura del supremo poder judicial bastante bien especificada, aparte de la división de poderes como tradición liberal de la moderna democracia.

Este tipo de fenómenos donde la soberanía debe inscribirse como un sistema procedimental y no solo como fundamento político fue muy peculiar y característico en la incipiente nación Norteamericana[36], pues la controversia entre la Federación y los Estados es resultado de una insuficiente claridad de la soberanía y por lo tanto de incompetencia para las autoridades jurisdiccionales ya que en ella recaen las dinámicas judiciales que hacen valer el derecho por la fuerza. El “Estado”, el Leviatán, por decirlo de cierta forma, aunque no muy correcta, es resultado de cierta soberanía, donde no resulta ésta potestad de aquella institución de la coacción.[37]

La democracia, siendo una figura bastante confusa para la política jurídica, acarreo un sinfín de problemas que no dieron resolución al conflicto procedimental para ejercer el poder, pues no es en la creación de leyes donde la soberanía resuelve los conflictos de la injusticia del poder, sino en el amparo del estado de derecho donde yace la forma que permite a los tribunos aplicar ese poder de manera coherente. La claridad del estudio esbozado en la Constitución de Apatzingan en fechas posteriores dejara evidencia de que la potestad delegada en los representantes populares, como tribunos, para ejercer soberanamente su independencia judicial, permitirá afrontar los retos con mejores fundamentos jurídicos, aun en contra del adelanto jurídico en años posteriores que representará el despotismo ilustrado importado para la centralizada corona imperial de los Habsburgo.[38]

El principio de soberanía responde de igual manera al de la razón. Para existir razón ha de haber ausencia ‘material’ de ella, pues la razón es -forma- que ordena las cosas y no ‘formalidad’ que les da existencia, su -materia- sin embargo, es el orden coherente de los términos. [39] La soberanía como facultad material se haya ordenada en una extensión símil al de la materia de la razón, y al no haber soberanía para la soberanía, pues solo hay forma de soberanos, resulta ser el orden que ocupa su potestad dentro de los términos, donde resuelven ser los soberanos del pueblo los único con potestad territorial de deponer los absolutismos, mientras se hallen consientes de someter, convenientemente, su autonomía a la jurisdicción de una voluntad colectiva consensuada materialmente, como resultaría en un contrato plasmándolo en un papel, reglamentándolo por escrito en una norma pactada y con letra firmada de mutuo acuerdo, entre comunes a un determinado régimen moral.

Hay que entender que no porque esto sea la máxima potestad, representará siempre la cordura de las determinaciones constituidas. La justificación de causa no es consecuencia inmediata de algún efecto eficaz. Las determinaciones que ordena la razón no significan que necesariamente sean verdad, aunque pueden resultar certeras para su validez. El Congreso de Apatzingán envuelto en estas clamorosas contradicciones soberanistas, se invistió por un sistema jurídico que dotaba de garantías a los ciudadanos, fundamentándolas en principios o elementos resguardados por la jurisdicción de una República, enfrentando así a la tradición de un sistema jurídico-militar guiado por la autoridad virreinal del monarca. Fundando  un sentido de primacía, en la garantía social de los individuos, dentro del territorio liberado hasta ese momento. En parte porque sus profundos pensadores fueron personas bastante preparadas y avanzadas a las razones de su tiempo. Y por otra parte, porque estudiaban cuidadosamente el desarrollo de sus vecinos liberales en el norte, donde ya sufrían de estos conflictos jurisdiccionales a causa de una soberanía sin cabeza, y con distintas visiones espirituales.

La apuesta a una soberanía popular no se encontró muy bien definida, pero al menos, sí formalizada en monumentales pensamientos como lo fueron Los Elementos Constitucionales de Rayón, Los Sentimientos de la Nación de Morelos y en el Acta Solemne de la Declaración de independencia de la América Septentrional, fijando el sentido de una soberanía que podía funcionar como constitución flexible donde los legisladores dispuestos bajo ciertos principios inalienables tuvieran el poder moral para arrancarle de una buena vez el gobierno militar al virreinato y a su séquito de corruptelas aristocráticos que aun esperaban la regencia de una corona moralmente destronada.

Es esta conciencia histórica donde los sucesos adquieren el valor de las acciones más apremiantes para el criterio jurídico. Las personas y los pueblos en el devenir de su historia; prestos a liberar -al indomable intelecto- de las cadenas del despotismo, ya no pedirán leyes más justas sino que por la hechura de una “Lex Supra” darán perpetúa razón de sus actos a su propia costumbre reglamentada, y que aún a costa de las batallas más encarnizada entre hermanos, por quienes son encadenados al “Iure” de algún soberano tirano, es que dan a la historia como principio del devenir, el ordenamiento orgánico donde sean libres de hacer sus propias leyes y poseer su propio derecho.[40]  Representando aquellos valores morales en significativos sucesos para constituirse en un único espíritu colectivo, la nueva patria. Pues no habrá después de su manifestación, consideración alguna que nuble nuevamente el sentido de la justicia hecha por los ideales de libertad en aquellos hombres, y que no solo por sus actos, sino que por su entendimiento elevado del orden jurídico es que ahora habitan en nuestras reflexiones como aquellos padres que han dado sentido a nuestras relaciones como ciudadanos hermanados en un territorio de la América mexicana.[41]

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-CONCLUSIÓN DISERTANTE-

 El problema más esencial para una Nación recién constituida resulta ser su -poder político- que ejecutara aquellos mandatos de punibilidad, enfrentándose en muchas ocasiones, ante la paradoja del estado de derecho sin Estado que haga absoluta su potestad fáctica ante la legalidad de aquellos con el poder de ejercer el derecho que demanden.

La historia del Congreso y la Constitución de Apatzingán es una de las más trágicas por su contexto, pero  no por ello de las menos importantes como para conocer su realidad moral dentro de la tradición que nos otorga la facultad de ser independientes aun con los tropiezos de las empresas colosales. Los sentimientos encausados en la moral de hombres ilustres nos dejan en claro un ejemplo; que para vencer, hay que saber luchar con los problemas de forma y raíz en el fondo de sus manifestaciones; que para triunfar hay que saber pensar los conflictos bajo el amparo de la razón y de leyes universales. Y para saber pensar hay que tener corazón, sentimientos, mente y sabiduría de aquellos que no titubearon en la constitución de un mundo justo.[42]

Es ahí donde la mentalidad funda su historia o tan solo difunde su credo. Pues sí toda opinión se presenta como un acto de propaganda, ésta, resultará en una carencia de verdad. Ya que de tan sólo hacer pensar una cosa o poner una imagen al pensamiento no resultan aquellas verdades necesarias para incidir. Es necesario un juicio que las construya o divida. Es necesaria a este juicio una mente que le otorgue sentido de relación espacial y temporal. El pensamiento no es en sí mismo un acto de consciencia, sólo un acto de vitalidad y de existencia. Y para formar la conciencia es necesario dar formar a los juicios.

Si la praxis ha de ser ese actuar coherente con respecto a la verdad, es indispensable no confundir el sistema de pensamientos con la facticidad necesaria de las ideas utilitarias, pues el resultado no vendrá de los juicios ordenados de la propia mente, sino de los pensamientos puestos por alguna autoridad. La radicalidad de las ideas surge de la raíz intima de la consciencia y el juicio. Sin temer a la radicalidad de las consignas pasadas, las ideas serán más claras bajo los juicios razonados por la interpretación de los actos antes que por los hechos. Y para ser esto posible es necesario que la verdad no sea propaganda, sino resultado del discernimiento que la consciencia otorga ante las razones.

Resulta entonces que aquella Constitución de Apatzingán es un fundamento de nuestras razones como Nación soberana, y toda reflexión de ésta no puede ser somera opinión de sus nociones, pues obligadamente la causa de sus hechos tiene como consecuencia la verdad de nuestras acciones en un sistema que es fruto de sus contradicciones jurídicas. Es pues la constitución de la mente, sus pensamientos y las facultades en los individuos, lo que da sentido y dirección a los actos humanos como obras elevadas del espíritu, para dotar de derecho y justicia sus decisiones. La historia de aquellos pensadores es la que nos dota de motivación para mantener presente su recuerdo.

La manifestación de aquel raciocinio que posibilita la convivencia de libertades bajo un régimen entre iguales, dotándose de justicia por sus propias capacidades sin el amparo de la noble autoridad divina, obra ilustre que requiere su reflexivo reconocimiento a tan insignes arquitectos republicanos cuando se sabe  que no existe nada en la tierra que posibilite tal relación sin detrimento de las fraternidades humanas a la hora de ejecutar los mandatos del poder. Pero ¿En qué grado y en qué medida, los hombres y las mujeres de espíritus elevados, buscan antes que a la razón de alguna autoridad la jurisdicción de su moral para ser libres al pensar y justos al actuar?

Posiblemente en el grado de su carácter y la medida de su voluntad es que logran la añorada libertad para el género humano, dotando de determinación y carácter, el grado de las pasiones y la medida de sus acciones. Pues los actos no requieren del tiempo para ser, yacen en estos la identidad del -efecto- antes que el de las causas. Y son los hechos siervos del tiempo por su -causa- encadenándose por el sentido que dota sus motivos en la memoria.

Es esa  una verdad de la Constitución de Apatzingán, pues no fue ésta un documento que pueda servir como propaganda a un sistema jurídico. Fue en suma la obra inicial de un magnánimo espíritu de mentes ilustres cuya praxis debemos encontrar en la coherencia de sus actos por la motivación de futuras representaciones bajo el juicio de hombre y mujeres independientes, siendo soberanos de sus decisiones en los hechos, legislando su propio derecho para ser un solo pueblo.

En la actualidad nos encontramos en medio de una transición global que exige la urgente clarificación de preceptos morales que permitan delimitar el marco jurídico del Estado entorno a la aceptación de políticas internacionales y principalmente, la participación dentro de la jurisdicción de órganos continentales y mundiales, que resguarden los derechos humanos.

El debilitamiento a la esfera de una soberanía que legisla desde sus propios causes, y que ahora se ve necesariamente urgente a asumir las políticas externas para conservar el valor jurídico de unos derechos más universalizados, que se ven en cierta medida contrapuesta y enfrentada a esta visión soberana de independencia jurídica. Y no es sin embargo la claridad de una normatividad más universal, legada por el antecedente histórico de hombres y mujeres ilustres, la que resuelve la contradicción entre las determinaciones o auto-determinaciones de un pueblo y las que se le imponen para una política global.

La visión y el amplio espectro de los derechos humanos se ven necesarios para una jurisdicción que recaiga en la positiva reglamentación de una localidad, sin embargo la imposición por medio de tratados que aseguran su ejercicio no resuelve el paradigma sustancial de la independencia popular para legislar su derecho de forma soberana.

Las valoraciones culturales en determinado momento de la historia nos ofrecen una visión de lo que la moral de un pueblo o pueblos puede representar, por los principios de unidad entre distintas cosmovisiones en diferentes manifestaciones populares, donde resultan ser una síntesis material de sus voluntades a tener una justicia suprema dentro de una ley general determinada por su propio grado intelectual de asumirlas y no porque se les conceda simuladamente. La desarticulación de esta contemporánea soberanía, por las actuales sistematizaciones internacionales, requieren de aquellas nociones pasadas que fundamentaron la actual manifestaron del sistema jurídico independiente que constituimos. Pues no solo fue resultado de una necesidad territorial por un grupo de comerciantes independentistas, sino que fue, una necesidad cultural que se encontraba enlazada con un principio común de justicia social y popular en los procedimientos institucionales.

Observar la tradición humanista de aquel misticismo espiritual que buscó la independencia en las manifestaciones más urgentes de nuestro actual actuar intelectual, sirve para la constitución de un derecho independiente que requiere de saber reconocer, que yace en nuestra propia mentalidad las facultades a legislar de forma autónoma las propias reglamentaciones jurídica que inscriben aquellos derechos humanos necesarios para nuestra sociedad. De manera más real que aquellos derechos humanos que sirven de propaganda para la expansión de una jurisdicción comercial que se consideran en su ejercicio internacional.

El carácter del congreso constituyente de Apatzingán arroja a todas luces un proceso en donde podemos otorgar sentido a la integridad de una población cuyo derecho no sólo ha sido resultado de manifestaciones circunstanciales para la positividad de una validez legal, sino que también, existe un fuerte carácter doctrinal que permiten valorar el fundamento de nuestra justicia desde una visión epistemológicamente madura como para fundar sus mecanismos democráticos y jurídicos  futuros, desde su propia tradición libertaria.

La representación que cada norma, ley, código e incluso reglamentación tienen para con la rutina de una sociedad representan los preceptos que históricamente las ha definido. Incluso, la soberanía y su forma jurisdiccional de autodeterminarse dentro de la constitución, resultan del valor moral que el pensamiento mestizo del humanismo americano vio confrontado con aquella visión moralista del imperialismo dependiente, germinando en las actuales manifestaciones que motivan a legislar un derecho que difícilmente resultaría nuevamente colonizado por las ideas de una soberanía cedida al imperialismo unionista. Y que sin embargo corre el riesgo de resultar inmoral por aquellos despostas parlamentarios que motivan la tiranía y el abuso de facultades al desconocer el carácter que dicha representación significa como precepto de independencia para nuestra tradición soberana.

Resulta entonces esencial la hermenéutica de tal fenómeno constituyente, como herramienta de interpretación, para comprender el sentido moral de las normativas aplicadas en la actualidad. Pues el objetivo del derecho es en suma, el de dotar de moral a una sociedad considerándola como facultada para saberse respetuosa de su libertad a actuar de forma justa sin la voluntad ajena que intervenga en las estructuras de su jurisdicción. El olvidar el presente legado de las costumbres pasadas significaría la renuncia a la libertad que la independencia otorga en su significación moral.

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BIBLIOGRAFIAS.

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  17. JOSÉ M. MORELOS; Los Sentimientos de la Nación del 14 de septiembre de 1813.
  18. ACTA SOLEMNE DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL; Del 6 de noviembre de 1813.
  19. CONSTITUCION DE APATZINGAN del 22 de octubre de 1814.
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[1] En un sentido amplio y no estricto, es para todo aquel estudioso de las formas jurídicas y sus principios en razón de una construcción autónoma del individuo, hacía el estudio-aprendizaje del derecho, fuera de las instituciones, y como corresponsabilidad de todo ciudadano que busca ampliar su conocimiento de forma autodidacta, he aquí estos elementos presentados para ser juzgados bajo los juicios desinteresados, pero siempre vigilantes de la coherencia en las razones.

[2] “El mundo y yo, yo y el mundo, en compresencia, en esencial correlación, en inseparable trato constante, son los elementos que constituyen mi vida. Ahora se trata de ahondar un poco más en el tema de quién soy yo, es decir, de quién e s el sujeto de la vida humana. “A la altura del actual pensamiento del humanismo trascendental (metafísica de la vida) se ha conseguido ya una certera visión de la peculiar índole del sujeto humano, por su situación que llama vida. (…)” RECANSENS SICHES; Filosofía del Derecho; México, 2010; pág. 246.

[3] Hay que entender la noción más próxima al término que se emplea, dentro del contexto que se conceptualiza; “En la filosofía antigua, y sobre todo en la medieval, se empleó el concepto de persona para designar al ser racional como individuo consiente, con vista a aplicarlo fundamentalmente al hombre, aunque se usase también con relación a Dios y a los ángeles.  Se definía a la persona como ‘una sustancia indivisa de la naturaleza racional’, o como ‘aquello que es uno por sí’, o como ‘el individuo de naturaleza racional’. RECANSENS SICHES; op. cit., pág. 246.

[4] Dice Fichte: “Yo no soy un ser ya hecho, sino que soy aquel que en mí mismo hago, soy devenir orientado hacia mi tarea; soy actuación particularizada”. “Mi ser es mi querer, es mi libertad; sólo en mi determinación moral soy yo dado a mí mismo como determinado.” “Somos, efectivamente, no otra cosa que el movimiento vital de una voluntad sujeta una y otra vez desprendida de la sujeción, esa libertad que el deber expresa objetivándola.” FICHTE; Das System der Sittenlehre; Grundlage del Naturrecht; Die Bestimmung des Menschen; Das wesen des Gelehrten; Die Staatslehre.

[5] Permitiendo clarificar con esto el otorgamiento que los grupos de poder particulares tienen cuando constituyen una jurisdicción con actos contrarios a la legitimidad que el derecho sanciona posibles, debido al positivismo y su  discreción depositada en déspota legislación bajo una particular moralidad, fuera de las consideraciones principales que garantizan la paz fundamental para la generalidad, siendo fundamental que la mentalidad de un pueblo se halle ante la legitimidad de la ciencia jurídica que sera su derecho positivo como principio moral para su hermenéutica.

[6] No dejando de lado que algunos malintencionados pensadores sin afán de razonar usan el término de “Hombre” como categoría del sentido humano aun en el presente y no hacen más que justificar, y promover un mal raciocinio, que investidos no por dogmas históricos sino por viles consideraciones filosóficas, realizan un desplazamiento categórico de otros elementos necesarios a la función del hombre y todas las manifestaciones humanas dentro del sentido genérico. Y que contenidos cada uno de estos conceptos genéricos por separado son referentes epistémicos que justifican el sentido de su naturaleza y que terminan por delimitar la carga moral que el término “hombre” otorga a la especie  para dejar de representarla en su conjunto.

[7] Hace falta inscribir en la especie del género humano el carácter que implica la: comprehensión de cualidades esenciales (notas características) que van desde las abstracciones del hombre, la mujer y el transgenero a su extensión de humanidad (Posmoderna y Tecnoindustrial) de la Edad Contemporánea.

[8]ERICH FROMM nos comenta sobre la crítica situación de no razonar el racionalismo desde una perspectiva más ética; “Las ideas de la Ilustración enseñaron al hombre que puede confiar en su propia razón como guía para establecer normas éticas válidas y que puede depender de sí mismo sin necesitar de la revelación ni de la autoridad de la Iglesia para saber lo que es bueno y malo.”(…) “La creciente duda sobre la autonomía humana y al razón ha creado un estado de confusión moral en el cual el hombre ha quedado sin la guía de la revelación ni de la razón. El resultado es la aceptación de una posición relativista que propone que los juicios de valor y las normas éticas son exclusivamente asunto de gusto o de preferencia arbitraria, y que en este campo no puede hacerse ninguna afirmación objetivamente válida. Pero puesto que el hombre no puede vivir sin normas ni valores, este relativismo lo convierte en una presa fácil de sistemas irracionales de valores y lo hace regresar a una posición que el racionalismo griego, el cristianismo, el Renacimiento y la Ilustración del siglo XVIII habían ya superado. La exigencia del Estado, el entusiasmo por las cualidades mágicas del líder poderoso, las máquinas potentes y los triunfos materiales se han convertido en las fuentes de sus normas y juicios de valor.” ERICH FROMM; Ética y Psicoanálisis. México. Fondo de Cultura Económica pág. 17.

[9] Considerando que la visión sexista que la religión impregnaba en la mentalidad criolla, resulta en las clases intelectuales del mestizaje descosificada, sí no por mucho, sí en gran parte por el papel de las mujeres dentro del movimiento independentista. Ese arraigo de identidad que el mestizaje propicio con la imagen de la deidad femenina con la Guadalupana, y cumplió un significativo papel para la cultura patria. Las garantías jurídicas desarrolladas como “Principios o Elementos constitucionales” en la Constitución de Apatzingan, dentro de sus seis capítulos donde habla: De la religión; De la soberanía; De los ciudadanos; De la ley; De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos; y De las obligaciones de los ciudadanos, tienden a revestir a los individuos, ciudadanos, pueblo y sociedad, sin aquella común distinción de razas y géneros, que existía entre mujeres y hombres de la Edad Moderna, inscribiendo para su constitución a los ciudadanos, de forma general, como libres y soberanos.

[10] Por tal razón en adelante no se empleara en el texto el término de “hombre”  para definir el concepto genérico de lo humano. Y se buscara hacer mención al término “hombre y mujer”, “personas” o “individuos” para mantener la congruencia lógica del discurso hacia los lectores y principalmente hacia una ética jurídica de estudio, análisis y reflexión sintética de lo humano en el devenir del tiempo.

[11] En los “Sentimientos de la Nación” el General José María Morelos y Pavón logra plasmar el sentido, la dirección, el rumbo y la motivación que deberán ser principio de valor que funde las relaciones sociales de aquellos que se vislumbren independientes al régimen social de la corona Española y cualquier otro imperio que esté fuera de las costumbres del territorio americano. Indirectamente proyecta una episteme que es producto del estudio humanista religioso, así como de la unidad que persiste entre los pueblos locales entre indigenismos y mestizajes bajo tradiciones comunes. A partir de estos pensamientos que se sustentan en la seguridad de que el conocimiento está en la naturaleza de todas las personas y por ende de los americanos, este sentimiento que ilumina con atisbo de exigencia más que de petición, brinda a otras almas su luz, bajo un ordenamiento normativo que explícitamente resulta como fundamento jurídico para una nueva política humana continental.

[12] Veamos el fenómeno en estricto sentido, así; Pienso en la cosa causada por tal movimiento, sin embargo esa cosa es causada también por otra cosa, siendo el movimiento una cosa que genera efectos. Ahora bien si puedo comprender que la cosa es una cosa, porque lo que le da causa la hace ser, es entonces, porque mi entendimiento de esa cosa es también una cosas que comprende de las cosas. Si mi entendimiento es cosa entonces puede ser causa de entendimiento, y no solo fenómeno en sí mismo del espíritu, es objeto potencialmente conocedor. Algo causa el entendimiento pues. La relación de cosas que nos permiten sentir algo es porque previamente algo ya nos había hecho entender que podemos sentir. La causa de nuestros sentidos, del entendimiento y la comprensión de las cosas, está en la intuición del espacio y del tiempo en nosotros, ya que al ser consientes intuitivamente de ello entonces damos certeza de que ocupamos un lugar y esto nos da un tiempo del lugar que ocupamos. Kant, como muchos más filósofos, asigna a estas categorías de causas del entendimiento dentro del plano espacio-tiempo, el conocimiento a priori, mismo con el que hacemos los supuestos que normativizan la conducta para priorizar no las sanciones en su incumplimiento, sino más bien para resaltar los principios de su consideración respetando las libertades ajena. Este conocimiento ‘a priori ‘ es el que nos permite comprender que las cosas nos son menos, pero tampoco más importantes que el entendimiento de como esas mismas cosas se presentan a nuestro espacio-tiempo ‘a posteriori’ de la experiencia sensible para cuando resulte necesario resolver conflictos entre dos libertades confrontadas.

[13] Con eso encuentra una dimensión muy distinta a la objetividad deseada que no se clarifica porque no hay necesidad, pero que si genera mucha trama entorno al empiriocritisismo; y que en lo jurídico se muestra como un relativismo jurídico.  Los existencialistas que se generan por la deformación de la fenomenología consideran que no hay necesidad de una causa a priori, pues el solo hecho de pensar ya es existencia. El restarle importancia al juicio otorgándole valor esencial a la sola manifestación del pensamiento en el ser pensante de cualquier cosa, como acto de vitalidad, es ya una deformación de la condición cognitiva pero considerada por ellos como fundamental para marcar el destino de la historia (espacio-tiempo) en la recién pasada posmodernidad.

[14] Por una parte el sentido de una constitución pretende un contrato de razón social. Mientras que la representación de una constitución resulta por el contrario en los intereses parlamentarios de aquellos grupos interesados en la administración pública. La representación es interpretada independientemente del sentido con el que es asignado un objeto, asunto bastante complejo, pues las representaciones suelen ir dependiendo del contacto que históricamente da nuevas formas a la dinámica interpretativa, modificando el sentido de las representaciones que el imperio de la justicia provee o limita.

[15] En su definición genérica el carácter  del concepto de lo “Moral” resulta como un esquema, que a priori, funciona para definir lo aplicable a todo fenómeno que manifieste la naturaleza de éste carácter normativo de convivencia. Pero es en las particulares manifestaciones de ésta naturaleza social, de los grupos humanos, donde se le encuentra tan variada en su especie como en sus múltiples códigos de conducta para analizar y reflexionar sus efectos a posteriori. Por ejemplo: Los romanos desarrollaron fuertes categorías filosóficas que fueron fundamento de su derecho para el civitas. La moral estoica fue determinante para la constitución de ciertas instituciones, como la república y su carácter jurídico socializante, por aquel sentido determinista de su espiritualidad racionalista.

[16] La ética reprueba la reciprocidad, aún más cuando el dar exige recibir la misma cantidad, pues aun recibiendo mal no se justifica darlo por igual y aprueba el cambio de la normatividad general a las formas independientes e individuales. Es pues la paradoja entre lo moral y lo ético que no por suponerse creencia alguna, distinta, se resuelve en el plano de las decisiones que juzgan con derecho las acciones, hace falta experimentar un daño moral para elevarlo a una condición jurisdiccional y superar la repercusión bajo un principio que no desvirtué la integridad general y particular de las personas.

[17] Claro que la naturaleza racional de la norma jurídica busca como principio el bien común y no el principio moralizante de una costumbre, de ahí que sus pretensiones sean más genéricas que particulares, esto es que sus intenciones sean de orden social y no de orden ético. Por tanto cualquier individuo, familia, grupo, asociación, organización, institución, empresa, corporación, religión y nación cuyas relaciones políticas busquen legislar normas bajo “su particular código moral” que el Estado pueda sancionar o coaccionar, impregnada con la naturaleza esencial, no ética, de una autoridad moral ideal para algún grupo que busca su visión de lo justo, necesariamente se tienen que amoldar a una moral superior, la de los principios normativos del Ius. El código es entonces un orden que norma las acciones en la toma de decisiones, da fundamento a los principios, da sentido a la autonomía en las ideas que generan pensamientos de las particularidades abstraídas durante la existencia de determinada conducta y ordena la manera en como será juzgada en caso de cometer pena alguna, esto debería ser así al menos en teoría.

[18] Pero esto es una limitación a la hora de hacerlos eficaces pues entre más genérico es un código y entre más alcanza un grado universal de principios, más alejado está de las practicas concretas de situaciones procedimentales y su esfera de relaciones particulares se ve más distanciada por la falta de solución en cosas concretas.

[19] Como el poder dado por Inturbide al romper definitivamente con la corona Española y pactar una alianza de garantías, con la resistencia independentistas de Guerrero. Y solamente la mostrada en el actuar de un individuo, que preserve la integridad de todo el sistema de principios normativos, que posibilita la unidad bajo un carácter de justicia legal será el ejemplo para reconocer la posibilidad a una forma más universal de justicia.

[20] Un ejemplo de ello es cuando en las familias no existe cohesión y el carácter moral de los individuos no se ve afectado por los juicios de los que representan la autoridad moral del grupo. Y cuando hay conflictos las personas recurren al ámbito de las instituciones del Estado para deslegitimar y con actos de autoridad relegitimar una moral particular que viene a superponer la presente.

[21] La locución latina mos maiorum o su equivalente en plural, Mores maiorum se traduce como «la costumbre de los ancestros». De allí se entiende por Mos maiorum a un conjunto de reglas y de preceptos que el ciudadano romano apegado a la tradición debía respetar.

[22] Reza así un fragmento en la carta de 1815 del EL SUPREMO GOBIERNO MEXICANO A SUS COMPATRIOTAS; “Como no ataquéis el dogma, la sana moral ni la tranquilidad pública, podéis representar a este Supremo Gobierno cuanto os parezca conducente a la felicidad de vuestra Nación, convenciendo prácticamente a los opresores, de aquella verdad consignada en la historia de todos los siglos: “que jamás falta un pueblo virtuoso a producir los talentos que le son necesarios”.”

[23] Debido a la reducción a ser una codificación secundaria que disminuya su eficacia, la norma fundante, rechaza de alguna otra norma sus elementos principales que resultarían en la reducción de su esfera jurisdiccional. Para intentar cumplir su naturaleza que consiste en la preservación de sí misma por medio de un procedimiento genérico y no específico, debe fundarse, en elementos distintos a sus predecesoras.

[24] “Definir la soberanía, decía el maestro Mario de la Cueva, es obra de titanes. En efecto, la idea de soberanía ha sido uno de los conceptos más polémicos y controvertidos de la ciencia constitucional y de la teoría política. Ha sido criticada, cuestionada e incluso negada por algunos autores; sin embargo, a pesar de la discusión que ha provocado, continúa siendo uno de los principios más importantes de la estructura jurídico-política de la organización estatal contemporánea. De ella se ha dicho que es una idea y un sentimiento de libertad que yace en el fondo del alma de los hombres que forman el pueblo, que es a los pueblos lo que la libertad es al hombre, y que es el único baluarte de los países débiles frente a los poderosos.”  AMADOR RODRIGUEZ LOZANO; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ‘Comentada’, UNAM, pág. 164.

[25] Con esto también hay que expresar que de existir dos periodos en donde la soberanía se concibe, como lo exponen la mayor parte de pensadores y teóricos del derecho, también nos encontramos ante un tercer estado de soberanía, cuya mención menor es la de un “tercer tipo”. Este tipo más reciente de identificar la soberanía es la forma que se da en los procesos populares y socializantes principalmente en América Latina y en especial en México con las últimas elecciones. No se trata acá de exponer un mar de ideas que den por hecho fenómenos sociológicos, sino más bien analizar los fundamentos jurídicos de un sistema, que en éste caso es la soberanía interna, en los fenómenos que fundamente un nuevo carácter del fenómeno como tal.

[26] Y donde Ignacio López Rayón tuvo su pretensión legitima de medir con buen ojo tal estrategia constitutiva, formulada previamente en los anteriores congresos debido a su ejercicio legal como buen conocedor de las leyes y con la honorable técnica de la abogacía, cuyo honor le hizo a su nombre, dando elementales cimientos a los sentimientos nacionales, plasmados para fundamentar un sistema soberanista mejor diseñado, que el de sus predecesores norteamericanos.

[27] “El concepto moderno del interés propio es una extraña combinación de dos conceptos contradictorios: el de Calvino y el de Lutero, por un lado, y el de los pensadores progresistas, a partir de Spinoza, por el otro. Calvino y Lutero pensaron que el hombre debe suprimir su interés propio y considerarse solamente un instrumento de los propósitos de Dios. Los pensadores progresistas, por el contrario, han predicado que el hombre debe ser solamente un fin en sí mismo y no un medio para cualquier propósito que lo trascienda.”  ERICH FROMM; Ética y Psicoanálisis. México. Fondo de Cultura Económica. Pág. 148.

[28]“La Guerra Anglo-Americana de 1812.” Ryan T. Gelesky. “The War of 1812: Writings from America’s Second War of Independence by Donald R. Hickey (review).

[29] Fromm nos explica sobre esta ética protestante; “El concepto de hombre sostenido por Calvino y Lutero ha tenido una profunda influencia sobre el desarrollo de la sociedad moderna occidental. Ellos fijaron los fundamentos de una actitud en la cual no se consideró a la felicidad del hombre como el fin de la vida, sino en la que el hombre llego a ser un medio, un complemento de medios que están más allá de él, que perteneces a un Dios todo poderoso o a las no menos poderosas autoridades y normas seculares del Estado, de los negocios y del éxito.” ERICH FROMM; Ética y Psicoanálisis. México. Fondo de Cultura Económica. pág. 134.

[30] Ernesto Lemoine Villicaña; Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición. México.

[31] “Porque debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo que a ella huela, mando que los Intendentes de Provincia – y demás magistrados velen sobre que se pongan en libertad cuantos esclavos hayan quedado, y que los naturales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres, presididas del párroco y juez territorial, quienes no los coartarán a determinada persona, aunque pueda representar con prueba la ineptitud del electo a la superioridad que ha de aprobar la elección, previniendo a las repúblicas y jueces, no esclavicen a los hijos de los pueblos con servicios personales que sólo deben a la Nación y Soberanía y no al individuo como a tal, por lo que bastará dar un topil o alguacil al subdelegado o juez, y nada más, para el año; alternando este servicio los pueblos y hombres que tengan haciendas, con doce sirvientes, sin distinción de castas, que quedan abolidas. “Y para que todo tenga su puntual y debido cumplimiento, mando que los Intendentes circulen las copias necesarias y que éstas se franqueen en mi Secretaría a cuantos las pidan para instrucción y cumplimiento. “Dado en esta Nueva Ciudad de Chilpancingo, a 5 de octubre de 1813. “José María Morelos [rúbrica]. “Por mandarlo de S.A., Lic. José Sotero de Castañeda, Secretario [rúbrica].” Ernesto Lemoine Villicaña; Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición. México. pág. 334-335.

[32] “Sr. Coronel D. Valerio Trujano. “Las continuas quejas que he tenido de los soldados de este rumbo no me permiten ya dilatar más tiempo el castigo para contener sus desbarros, que tanto entorpecen nuestra conquista. “En esta atención, procederá Ud. contra el que se deslizare en perjudicar al prójimo, especialmente en materia de robo o saqueo; y sea quien fuere, aunque resulte ser mi padre, lo mandará Ud. encapillar y disponer con los sacramentos, despachándolo arcabuceado dentro de tres horas, si el robo pasare de un peso, y si no llegare al valor de un peso, me lo remitirá para despacharlo a presidio; y si resultaren muchos los contraventores, los diezmará usted, remitiéndome los novenos en cuerda para el mismo fin de presidio. “Hará Ud. saber este superior decreto a todos los capitanes de las compañías de esa división que actualmente manda, para que celen y no sean ellos los primeros que incurran en el delito; y también se les publicará por bando a todos los soldados que componen esa división, sean del regimiento que fueren.  “Y de haberlo así cumplido, me dará el correspondiente aviso. “Dios guarde a Ud. muchos años.  “Palacio Nacional en Tehuacán, septiembre 30 de 1812.  José María Morelos.” Ernesto Lemoine Villicaña. Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición. México, 1965. p. 582-583.

[33] “Esta noche es navidad. La navidad más triste de mi vida. Una estrella se ha encendido en el oriente, pero otra se ha apagado en la nación mexicana. El viernes 22 de este mes, a las tres de la tarde, el coloso de la lucha por la independencia de México fue ejecutado en la fortaleza virreinal de San Cristobal Ecatepec. Para cumplir con los requisitos de la sentencia, el caudillo se vendó él mismo los ojos, se arrodilló y espero tranquilo la descarga que cegó el brillo de su existencia. Así mueren los valientes. Bataller, el infame auditor de guerra del reino, pretendía que se le cortara la cabeza y la mano derecha para exponerlas en la jaula de fierro en las ciudades de México y de Oaxaca. Contra todo lo esperado, la inquisición se opuso a tamaña afrenta y a tan tremenda ignominia, imponiendo su criterio de que el cadáver debería recibir cristiana sepultura puesto que el señor Morelos había sido un sacerdote. ¡El señor que nos tenga de su mano! ¿Qué será del movimiento insurgente ahora que nos falta su máximo jefe y principal cabecilla? A la hora de la cena ni Andrés ni yo probamos bocado. Evocamos y comentamos tan dolorosos sucesos y después hemos caído en un mutismo muy hondo y muy frío. Andrés se ha retirado y yo me he puesto a hacer estos apuntamientos. Ciertamente que no permitiré que mi ánimo ni el de mi esposo caigan y decaigan en más hondo abismo. La revolución no admite vacilaciones ni decaimientos. Tenemos que seguir adelante. Libertad o muerte. Esa es la consigna que flamea en el corazón de todos nosotros.” 26 de diciembre de 1815. LEONA VICARIO; Diarios de.

[34] Visto, no como el actual procedimiento conocido literalmente como Juicio de Amparo. Sino como aquella forma que garantizaba una instancia superior que diera justicia a una violación de garantías legales ya fuesen en los decretos o en el procedimiento con el que debían llevarse a cabo; el referente más estudiado son las cartas donde se pedían al rey su intromisión o exclusión; para conceder o decretar, no los derechos (pues esto ya se encuentran naturales en la razón de las personas), sino para la ejecución de la fuerza para hacerlos valer a las gente de su territorio. Otro modo también pudo haber sido las recopilaciones que se codificaban y servían de igual modo para garantizar leyes que el rey amparaba con su potestad soberana, esto es con la divina razón de su facultad, como tribunal supremo entre hombre libres y leales a su tradición heredada.

[35] IGNACIO L. RAYÓN; Los Elementos Constitucionales del 4 de septiembre de 1812.

[36] Con la célebre ejecutoria Marbury vs Madison. Donde se deja ver no solo la manifestación jurídico-política del ordenamiento, de la poco clara soberanía popular ejerce como fuerza potestativa entre Estados y su Federación,  sino que también arroja los elementos jurídicos como para comprender la forma en cómo un sistema de derecho se constituye en función del ordenamiento potestativo para dotar de “juez” a aquel órgano o institución que se regirá bajo los principios que la fundamentan jurídicamente y no que la justifican políticamente en poder punible.

[37] Entendamos algo fundamental que ya MAYNEZ nos presenta sobre -la soberanía en el Estado-; “La noción de la que hablamos es puramente formal, ya que nada tiene que ver con el contenido del poder político. Simplemente expresa el carácter supremo e independiente de éste. un estudio sobre el origen y evolución del mismo concepto revela que la soberanía no es atributo esencial del poder del Estado. Hay, en efecto, Estados soberanos y no soberanos. El de la Edad Media, por ejemplo no tenía aquel atributo, pero era, no obstante Estado. Y, en nuestra época, los Estados miembros de una Federación no son, relativamente a ésta, soberanos, ya que se encuentran sujetos a la constitución general y a las leyes federales. Es, pues necesario descubrir los atributos permanentes del poder político, y encontrar un criterio que permita distinguir entre sí el Estado soberano y el no soberano.” EDUARDO GARCIA MAYNES; Introdiccion al estudio del derecho. Porrua. México.

[38] Estas corrientes se encontraran dentro del seno de los debates políticos-jurídicos independentistas de México durante todo el siglo XIX; primeramente por jesuitas y realistas; para estructurar un país entre conservadores vs liberales; con el desarrollo de la modernidad entre masones vs el clero; debido a las intervenciones con Yorkinos vs Escoses; y definir su jurisdiccionalidad por centralistas vs federalistas. Todo a consideración de la indefinida -soberanía- que se resolverá muy menguadamente en la constitución de 1857 por algo más parecido a un derecho político de petición, dando pie  a un modelo jurídico menos soberano que desencadenara el abuso de facultades que concede a los legisladores poderes ilegítimos para deponer y reelegir al representante del ejecutivo, restándole autonomía a los ciudadanos y sus aparatos procedimentales para ejecutar a la justicia.

[39]Esto es, que en el principio de razón suficiente no exige la infinitud de causas, sino el correcto enlace de estas, que necesariamente tienen un principio y fin (sentido) que corresponde a la cosa, punto u objeto de la que se afirma o niega algo; su justificación necesariamente se ve encausado a no desarrollar un circulo lógico viciado donde “la razón se justifique con la razón de aquella” ya que la razón es una facultad respecto de la realidad y no con respeto a sí misma, por tanto no hay circulo que la razón limite, ante la magnitud del espacio infinito y lo que aun faltará ordenar de él en nuestro entendimiento bajo la forma de la razón y no de las razones que se promulguen; por tanto, el mecanismo de limitar la potestad soberana de un monarca, fuera de la costumbre y por medio del congresos, al comprender el principio y fin de un objeto como el sentido de su constitución, sea de conocimiento o cosa comprendida, no se pretende sin su relación de causa necesaria a otras de dar derecho a una Nación, sino que más bien, solo se reconoce en un orden de relación del todo, como conjunto, con las partes otorgándoles motivación a su potestad particular para hacerse soberanos y ser independientes a la autoridad que dictan las razones desde la justificación de la omnipotencia infinita dada a un solo hombre.

[40] Una visión para comprender el sentido de tan hondo deseo sobre la “posesión”, lo podemos encontrar en las elocuentes palabras de SAVIGNY; “(…) quien puede en cualquier momento tomar una cosa que se encuentre frente a él es completamente el señor de ella como si realmente la hubiera tomado; por otra parte, quien estuviese atado está en contacto con sus ligaduras, que sin embargo lo poseen, más de lo que él las posee (…)”.  SAVIGNY; Aprehensión de la cosa (corpus). pág. 193.

[41] “Si al considerar la relación jurídica -dice Savigny- hemos hecho abstracción de todo su contenido especial, nos resta solamente, como general esencia de ello, la vida común de los hombres regulada de un modo determinado. Fácilmente puede acontecer que nos atengamos al concepto abstracto de un agregado de individuos en general, y considerar el derecho como una invención de ellos, sin la cual no podría existir libertad externa de ningún individuo; sin embargo, semejante accidental reunión de una multitud indeterminada constituye una hipótesis arbitraria y externa de toda verdad, y si realmente se diese esa reunión, a ella le faltaría, sin duda, capacidad para crear el derecho, puesto que la existencia de una necesidad no implica asimismo el poder para satisfacerla. En los hechos, sin embargo, encontramos en todas partes, donde los hombres viven en sociedad, y en cuanto nos proporcionan las referencias históricas, una comunidad de relaciones intelectuales, afirmada por el uso de una lengua común, ratificada y desenvuelta. La creación del derecho tiene asiento en este complejo natural, ya que en el espíritu común del pueblo, que asimila y comprende a todos los individuos, se encuentra en el poder de satisfacer la necesidad más arriba reconocida.(su derecho)” SAVIGNY; El pueblo. T. 1, pág. 45.

[42] Son estos los valores más importantes que nos heredan, no solo hombres y mujeres de la talla de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Josefa Ortíz, Miguel Domínguez, Mariano Abasolo, Juan Aldama, José Arias, Joaquín Arias, etc. Que de forma indirecta participaron en la constitución de una soberanía independentista de lo que sería después la obra que directamente constituirían José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Andrés Quintana Roo y muchos más en el legado de aquel sentido libertario que revoluciono una independencia con justa razón de justicia, elevando las nociones de; soberanía, religión, pueblo, gobierno y gobernados, al orbe de las formas espirituales de un pueblo donde no hubiera amos y esclavos. No existe el vivir libre o sin temor cuando se lucha por una razón que va en contra de la inhumana condición de las acciones injustas. Luchar por un derecho es en la mayoría de los casos un suicidio. Derechos tan holgados que para bastantes ya se han comprado a aquellos ídolos  comerciales de nuestras actuales ficciones. Derechos que son negados a los que no les alcanza para venderse. Luchar por algo tan común y simple está acompañado de aquella voluntad que el miedo detiene aún más, cuando no se pueden comprender que los derechos no se obtienen, sino que se ganan logrando el fundamento de sus razones.