No es una sorpresa el hecho que una mayor carga laboral detona mayor estrés, mayor desgaste físico, mental e incluso mayores repercusiones sobre el estado anímico.
Si por curiosidad ingresáramos a bases de datos de revistas científicas e introdujéramos en el motor de búsqueda palabras o frases relacionadas con el tema, encontraríamos una vasta cantidad de evidencia de cómo las condiciones de trabajo adversas pueden deteriorar la salud de las personas.
Recientemente se han implementado en México reformas laborales y fiscales destinadas a aumentar las ganancias de las empresas a costa del deterioro de las condiciones de trabajo. Algunas consecuencias de estas reformas son la posibilidad de realizar contratación por menos de ocho horas diarias, el aumento de la carga fiscal a los trabajadores que laboran bajo el rubro de “prestador de servicios profesionales”, la agudización de la vigilancia fiscal, etc. Las empresas han aprovechado estas reformas para disminuir las prestaciones de los trabajadores, disminuir salarios, aminorar las horas de contratación así como otras estrategias para precarizar, al amparo de leyes injustas, la situación laboral de millones de personas.
La magnificación de ganancias a costa del desgaste físico y emocional de la clase trabajadora se instauró y pronto las empresas públicas y privadas aprovecharon las nuevas condiciones legales para acumular un capital que antes era distribuido a la clase trabajadora. El “outsourcing”, anglicismo que significa subcontratación, se extendió de manera acelerada junto con contratos laborales que dejan muy mal parada a la clase trabajadora. Uno de los sectores más golpeados fue el de los y las profesionistas, a los que ahora se puede contratar de manera desvinculada de la empresa bajo la etiqueta de “prestación de servicios profesionales” y así desaparecer múltiples de sus derechos laborales, ya que técnicamente no son empleados de las empresas sino prestadores externos de algún servicio; ahora se les contrata como prestadores de servicios externos con los cuales la empresa no tiene prácticamente ninguna obligación además de la de imponer, eso sí, una carga de trabajo determinada. Así las empresas se apropian de capital antes destinado a prestaciones fundamentales como seguro médico, seguro de accidente de trabajo, seguro de enfermedad por trabajo y toda prestación de seguridad social. Estos “prestadores de servicios profesionales” no generan antigüedad, no tienen derecho a crédito para vivienda y quedan en la incertidumbre total respecto a si van a ser requeridos nuevamente al término de su contrato, el cual puede ser tan efímero como un contrato por días, semanas o algunos meses. Esta incertidumbre suma carga de estrés y ansiedad al ya de por sí desgastante contexto laboral.
La clase trabajadora profesionista acepta estas condiciones de trabajo y salarios de hambre a regañadientes debido la necesidad de tener un sustento en un país donde no existen muchas oportunidades de empleo y mucho menos empleo dignamente remunerado. Sin embargo, decidir entre trabajar en estas condiciones o morirse de hambre tiene repercusiones inmediatas en la salud.
Han sido diversos los investigadores que han puesto de manifiesto el carácter malsano de la precarización de las condiciones laborales: Federico Engels, Mario Timo, Asa Cristina Laurell, Jaime Breilh, por mencionar solo a unos cuantos. Ellos han contribuido al entendimiento científico y crítico de este fenómeno.
Uno pensaría que estas medidas de precarización laboral no se implementarían con la misma brutalidad en las instituciones públicas destinadas a investigar y mejorar la salud de los habitantes de México, pero ¡oh decepción! Cual si fueran una de las más codiciosas empresas privadas, las instituciones de salud de gobierno han adoptado e implementado estas mismas medidas para maximizar sus ingresos y “ahorrar” dinero. Así ha pasado con el Instituto Nacional de Salud Pública, donde los responsables de su administración, alejándose de toda congruencia han decidido implementar para gran parte de sus trabajadores las medidas neoliberales que antidemocráticamente impuso el Poder Ejecutivo de este maltratado país.
Esto no puede dejar de denunciarse ya que pese a lo que puedan versar los tecnócratas y administradores, las instituciones públicas de salud no pueden comportarse bajo la misma lógica que las empresas privadas debido a que gran parte de sus ingresos proviene de fondos públicos generados con impuestos y debido a que su función es prestar servicios a la patria y no maximizar ganancias apropiándose del trabajo ajeno. Por otro lado, es incongruente precarizar la situación de trabajadores y trabajadoras con el consecuente deterioro de la salud y al mismo tiempo situarse como una institución dedicada a velar por la salud de los mexicanos mediante la investigación y aplicación del conocimiento científico vigente.
Espero que cada persona afectada por estas decisiones vislumbre lo que le sucede, no como el resultado de un infortunio personal sino como un problema colectivo, en donde el paso inicial para enfrentar estas medidas injustas es la organización de los afectados junto con otros sectores solidarios. Los trabajadores y trabajadoras que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud deberían estar ya alzando la voz en solidaridad con sus colegas, compañeros y compañeras de trabajo que no tienen la protección de un contrato colectivo –dicho sea de paso, contrato que también se ha visto afectado por acuerdos antidemocráticos y el ya conocido “charrismo” sindical-. Los investigadores del INSP también deben solidarizarse por una cuestión de ética profesional con las personas que hacen posibles las tareas cotidianas administrativas, gerenciales y logísticas de las investigaciones.
Las autoridades del INSP responsables de su administración, deberían rectificar estas medidas que además de significar el deterioro de la salud de sus empleados y empleadas, terminará por repercutir en la calidad de todos los procesos de la institución, incluida la calidad y cantidad de las investigaciones y proyectos. Los mexicanos necesitamos de la labor con calidad del INSP y esta labor no podrá ser posible si no existen buenas condiciones de trabajo para las personas que allí laboran.